Las condiciones regionalistas para viabilizar la reforma tributaria

Los impuestos denominados “regionales” podrían ser la llave que necesita Hacienda para impulsar su reforma tributaria, en un Congreso adverso. La idea de ofrecer recursos destinados específicamente a regiones, a pesar de no ser parte del proyecto, ha motivado a algunos en la oposición.

El gobierno armó una mesa junto a la bancada regionalista, 23 senadores y 33 diputados de Chile Vamos al Frente Amplio, quizás demasiado transversal para que actúe como bloque. Y el lunes ese grupo llegó con sus propuestas al Congreso.

“Ya mostramos nuestras cartas; falta que el gobierno se la juegue y muestre las suyas”, dijo el senador independiente Alejandro Guiller, líder de la bancada.

La urgencia de los regionalistas tiene razones claras: saben que es difícil que haya dos modificaciones impositivas en un mismo gobierno y en dos años más se elegirá a los gobernadores regionales.

La lista plantea, entre otras medidas:

• Un impuesto a las ventas regionales adicional al IVA de 0,25%, que aumente progresivamente hasta 1%.
• Cambios a la ley de puertos para cobrar un nuevo impuesto (entre US$1 y US$5) por tonelada movilizada.
• Una tasa a la tala forestal.
• Revisar el impuesto específico a la minería.
• Pagos por patente que se hagan donde están las unidades productivas y no en Santiago.

Pero el Ejecutivo ya marcó límites: no están abiertos a impuestos regionales, pero sí a “rentas regionales”. Esto significa que “en ningún caso” van a generar nuevas cargas impositivas, dijo el subsecretario de Hacienda, Francisco Moreno al DF el 7 de noviembre.

Si esta decisión persiste, complica un fácil acuerdo con los regionalistas, pues varias propuestas implican más tributos.

Las fórmulas de los expertos
Los expertos critican las propuestas regionalistas y creen que la discusión no se debería mezclar con la reforma tributaria. “Es una discusión complicada políticamente”, advierte Martín Besfamille, profesor del Instituto de Economía UC.

Sí cree que deben haber impuestos regionales —porque “entregan disciplina” a los gobiernos locales—, pero no los que plantea la bancada: “Deberían cobrar tributos sobre bases lo más estables posibles. Pensaría en impuestos a las propiedades, como Canadá y Estados Unidos”.

Pero incluso algunos descartan de frentón los tributos regionales. “Pensar que las regiones se pueden autofinanciar en forma total o parcial genera un problema”, dice Gonzalo Polanco, director del Centro de Estudios Tributarios de la U. de Chile. Explica que hay regiones con muchos recursos que pueden echar mano a las actividades que desarrollan, pero otras no: “Se podría acentuar esa diferencia”.

Concuerda Bettina Horst, subdirectora de Políticas Públicas de LyD. Propone otra fórmula: que el 1% de la inversión privada en activos fijos de una región vaya a obras de infraestructura en esa zona, y que ese monto se descuente del impuesto a la renta. “Vincula el desarrollo en regiones a los recursos que atraen ellas mismas. Hoy los gobiernos locales no se sienten responsables de atraer inversión”.

En Fundación Piensa de Valparaíso, el coordinador de Opinión Pública, Jaime Lindh, advierte que es fundamental que los recursos que se distribuyen a regiones tengan criterios objetivos: “Actualmente depende de la Ley de Presupuestos. Debería estar asociado a elementos objetivos como el crecimiento del PIB. Si eso no se consigue, cuando haya gobernadores elegidos van a tener cerrada su agenda de septiembre a diciembre negociando recursos en La Moneda”