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ACUERDOS CONSTITUCIONALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Por Diego Portales Cifuentes. Director Ejecutivo Fundación Chile Descentralizado… Desarrollado
En el plazo de un mes, entre el 15 de noviembre y el 15 de diciembre, se han producido dos hechos de enorme relevancia para dar solución a la gran crisis política y social (con graves proyecciones económicas) que vive Chile.
El 15 de noviembre se logró un acuerdo constituyente. Por primera vez, en casi cuatro décadas, el sector que apoyó la dictación de la Constitución de 1980 se abrió a la posibilidad de reescribir la Carta Fundamental desde una hoja en blanco. Como toda negociación política, ese acuerdo se realizó en torno a una mesa con actores responsables que tuvieron que ceder para lograr el consenso. Algunos cuestionan que el acuerdo fuera firmado “entre cuatro paredes”, como si alguna vez hubiera sido posible establecer tratados de paz o acuerdos complejos en asambleas abiertas o en la calle; esos espacios sirven para el debate, el testimonio o la refriega, pero no para fundar algo perdurable.
Como toda base constituyente, especialmente en un país altamente centralizado, el acuerdo se logró en un solo espacio recogiendo desde la diversidad de posiciones las reglas que darán viabilidad al texto final que reemplace al actual.
El 15 de diciembre se expresó la diversidad del país. Movilizados por los alcaldes de todo el espectro político y de la gran mayoría de los municipios, la ciudadanía pudo expresar libremente sus demandas: nueva Constitución Política. Convención o Asamblea Constituyente 100% elegida por los ciudadanos (las sutilezas semánticas ya no tienen importancia), demandas sociales nacionales y prioridades locales. Ha sido una expresión democrática conmovedora que tiene un profundo mensaje político: la inmensa mayoría quiere una solución institucional pacífica a sus problemas y demandas. Algunos cuestionan el voto electrónico o la falta de registros actualizados, como si el enorme testimonio de quienes concurrieron a votar perdiera valor porque los resultados no sean exactos ni generen consecuencias vinculantes.
Como todo hecho político, esta expresión de la diversidad del país en más de dos centenares de municipios representa un aviso para el conjunto de instituciones y fuerzas políticas: no habrá salida pacífica del conflicto sin cumplir con rigor el acuerdo constituyente y con el respeto a la voluntad popular manifestada en las urnas el próximo mes de abril.
Queda bastante camino por andar, pero la obra gruesa está hecha y la decisión de los actores por completarla es irrevocable. Mal harían quienes tienen que acabar el trabajo en apartarse de la huella ya trazada.
CONSTITUCIÓN Y DESCENTRALIZACIÓN.
En el acto multitudinario de diciembre hay también un valor implícito que puede no estar consciente en muchos de los actores. Una mejor democracia y una sociedad más equitativa exige participación. Cuando se dice “Chile despertó” se está describiendo este cambio; la transición de los sujetos, antes percibidos como simples consumidores en un mercado y ahora con la potencia de sentirse ciudadanos en la arena de la política. Eso es lo que trae consigo participar en la definición de los destinos de la “polis”.
Nosotros en “Chile Descentralizado” sostenemos que no hay efectiva participación sin descentralización. Ni tampoco habrá real descentralización sin participación. Estos dos componentes se requieren el uno al otro.
Eso es lo que ha puesto en evidencia el ejercicio exitoso convocado por la Asociación Chilena de Municipalidades. Sobre esta base debemos construir el nuevo Estado descentralizado del porvenir. Nunca más los excesos de concentración del poder que, como dijera un presidente francés cuando alertó: “necesitamos de la centralización para construir esta Nación, ahora necesitamos de la descentralización para que no se destruya” (Francoise Mitterand, Lyon, 1981).
Chile ya inició ese camino. Lo anticipa el éxito de la convocatoria de los alcaldes, más allá del intento de acallarla de varios medios de comunicación del centralismo. Lo proyectan los propios cambios institucionales ya logrados, en especial la aprobación de la elección de gobernadores regionales que ocurrirá en octubre de 2020, en conjunto con alcaldes, concejales y constituyentes.
LAS DIMENSIONES DE LA DESCENTRALIZACIÓN.
En el año que viene, Chile tiene la oportunidad, única en su historia, de sentar las bases sólidas de un proceso de desarrollo equitativo social y territorialmente.
Por una parte, es necesario completar el proceso de cambios constitucionales y legales que fijan las reglas del juego que pongan fin al centralismo y abran espacios a la descentralización. La Nueva Constitución en ciernes es el texto que debiera concretar esa meta. Por ello, la Fundación Chile Descentralizado… Desarrollado ha convocado a un grupo de 20 especialistas para que recojan y sistematicen los aportes de muchos en propuestas concretas que comiencen a conocerse, debatirse, mejorarse y llevar a puerto en 2021.
Por otra, es fundamental preparar la gobernanza territorial que Chile necesita. Hay un desafío que ya está en la Ley: los candidatos a gobernadores regionales están obligados a presentar un “programa de gobierno”, esos programas requieren alcanzar altos estándares de calidad y pertinencia. Para motivar la reflexión y el debate la Fundación ha iniciado en 2019, y continuará con mayor fuerza en 2020, la organización de “Debates Programáticos Regionales” en cada una de las 16 regiones del país. Estos eventos se constituyen en punto de encuentro entre los actores políticos y las demandas del mundo social, académico y privado propios de cada territorio.
Esta dimensión de la gobernanza exige agregar otro ingrediente. No solo tener programas pertinentes y de calidad. También generar instrumentos que permitan encontrar la participación social con las evidencias. Ser capaces, entonces, de generar los conocimientos técnicos y los datos concretos que avalen las mejores decisiones. En esta línea, la Fundación está impulsando el desarrollo de proyectos piloto para la creación de centros o sistemas de pensamiento estratégico territorial. En estos días culmina el primer estudio de aceptabilidad en la Región de Atacama. Para 2020 la invitación es agregar nuevas regiones a esta tarea. Un desafío que es técnico y político, porque exigirá rigor académico y servirá de base a una real participación social informada; tanto para establecer prioridades, como para verificar el cumplimiento de los programas con idoneidad, probidad y transparencia.