Alejandro Santana: “No podemos seguir hablando de descentralización solo en el discurso, se requieren reformas concretas y urgentes”

Presidente de la Asociación de Gobernadores alerta que el ajuste fiscal 2026 no solo reduce recursos, sino que evidencia problemas estructurales en la relación entre el nivel central y las regiones, afectando inversión, empleo y desarrollo territorial

El recorte presupuestario aplicado a los gobiernos regionales volvió a instalar una discusión estructural sobre el modelo de desarrollo territorial en Chile. La caída en la participación del presupuesto regional y el ajuste adicional del 3% impactan directamente en inversión pública, empleo local y ejecución de proyectos estratégicos, en un momento donde las regiones demandan mayor protagonismo en la toma de decisiones.

Conversamos en exclusiva con Alejandro Santana Tirachini, presidente de la Asociación de Gobernadores de Chile (Agorechi) y gobernador regional de Los Lagos, advierte que el problema no se limita a una reducción de recursos. La relación fiscal entre el nivel central y las regiones evidencia fragilidades persistentes, con baja previsibilidad, dependencia de caja y limitada autonomía en la gestión presupuestaria, lo que condiciona la planificación pública en los territorios.

En ese marco, el diagnóstico es categórico: “cuando se recorta presupuesto regional, no se recorta una cifra abstracta, se afectan decisiones concretas en los territorios”, afirma Santana, sintetizando el impacto real de los ajustes fiscales sobre obras, programas sociales y desarrollo productivo a nivel local.

La discusión ya superó lo técnico, ahora es política y estratégica: se trata de definir cuánto poder real tendrán las regiones en la asignación de recursos, y cómo se proyecta su desarrollo en los próximos años.

El recorte del 3% anunciado por la Dipres se suma a ajustes previos y afecta directamente la inversión regional. ¿Qué decisiones concretas deberán postergarse o redefinirse en los territorios y qué impacto tendrá eso en empleo, infraestructura y desarrollo local durante 2026?

Lo primero es decirlo con claridad: cuando se recorta presupuesto regional, no se recorta una cifra abstracta, se afectan decisiones concretas en los territorios. Hoy los gobiernos regionales financian una parte muy relevante de la inversión local, y la propia Agorechi ha advertido que el 85% de las comunas depende de esos recursos para obras clave, especialmente vía FNDR y FRIL. Además, para 2026 el peso de los gobiernos regionales dentro del presupuesto nacional bajó de 2,07% a 1,87%, y sobre esa base ya reducida se aplica ahora un nuevo ajuste del 3%.

Esto obliga a postergar o rediseñar iniciativas que todavía no están comprometidas contractualmente: conservación de caminos, mejoramiento de espacios públicos, equipamiento comunitario, proyectos de seguridad, programas de desarrollo productivo, y parte de la cartera social o municipal que depende de asignaciones regionales.

Lo responsable será resguardar primero las obras en ejecución y los compromisos ya asumidos, pero eso significa que se estrecha mucho el margen para nuevas inversiones durante 2026.

Desde Agorechi han planteado que el problema no es solo el ajuste, sino la forma en que se comunica y ejecuta. ¿Qué evidencia tienen de que hoy existe una debilidad estructural en la relación fiscal entre el nivel central y los gobiernos regionales?

La evidencia está a la vista. El ajuste se informó el 13 de marzo en el marco del Plan de Ajuste Fiscal y luego la Dirección de Presupuestos ratificó que sería obligatorio, lo que muestra una relación donde la decisión central se comunica de manera vertical. Además, las regiones quedan en posición reactiva frente a decisiones que afectan directamente su planificación, evidenciando una asimetría estructural.

Segundo, venimos de problemas serios de transferencia de recursos desde la Dipres. En diciembre de 2025 algunos gobernadores acudieron a Contraloría por retrasos en remesas necesarias para pagar proveedores y ejecutar proyectos, afectando la continuidad de iniciativas. Según reportes públicos, la deuda flotante en algunas regiones llegó a cifras millonarias, tensionando la ejecución presupuestaria.

Por eso sostenemos que aquí no hay solo un problema coyuntural de ajuste, sino una debilidad estructural: baja previsibilidad, dependencia de caja, escasa celeridad en las decisiones y poca autonomía regional, lo que limita la gestión. Cuando una región no sabe con certeza qué recursos tendrá disponibles, la planificación pública se debilita desde la base, afectando todo el ciclo de inversión.

Usted ha insistido en la falta de autonomía para gestionar recursos. ¿Qué atribuciones específicas deberían transferirse a los gobiernos regionales?

Aquí hay que avanzar en tres planos. Primero, autonomía presupuestaria real dentro del marco fiscal nacional, permitiendo reasignaciones internas con acuerdo del CORE sin depender de autorizaciones centrales. Además, las indicaciones al proyecto “Regiones Más Fuertes” buscan mayor agilidad en el ciclo presupuestario, fortaleciendo la gestión regional.

Segundo, mayor certeza plurianual. Dipres propuso un marco presupuestario a cuatro años para los gobiernos regionales, lo que permitiría planificar inversiones con mayor estabilidad. Esto reduce la discrecionalidad anual y fortalece la capacidad de diseñar carteras de inversión de mediano plazo.

Y tercero, fortalecer ingresos propios y capacidades normativas regionales. Los gobiernos regionales podrían cobrar derechos por servicios y participar en ingresos territoriales, avanzando en autonomía financiera. Esto se complementa con mayor regulación regional sobre sus propios recursos, lo que amplía las herramientas de gestión.

¿Estamos frente a un riesgo de recentralización de facto en materia presupuestaria? ¿Dónde se expresa ese riesgo hoy?

Sí, ese riesgo existe, y hoy se expresa de manera muy concreta. Se expresa cuando el presupuesto regional cae en participación dentro del total nacional, pasando de 2,07% en 2025 a 1,87% en 2026. También se refleja cuando se aplican recortes adicionales sobre una base ya reducida, debilitando la inversión territorial.

Se expresa, sobre todo, cuando el gobierno nacional mantiene la capacidad de condicionar tiempos, caja y márgenes de decisión, limitando la autonomía efectiva. Si la región administra menos recursos y recibe menos certidumbre, el poder efectivo vuelve a concentrarse en el nivel central, aunque formalmente exista descentralización.

En la práctica, ¿qué modelo de financiamiento regional debiera transitar Chile?

Chile debiera transitar a un modelo mixto. Las transferencias desde el nivel central seguirán siendo necesarias para resguardar cohesión territorial, pero ese esquema ya no basta para el desarrollo regional. Además, las regiones necesitan mayor generación de ingresos propios, fortaleciendo su autonomía financiera.

En términos concretos, se plantean instrumentos como participación en rentas de recursos naturales, cobro de derechos por servicios y aprovechamiento de bienes regionales. Esto debe convivir con mecanismos de compensación entre territorios, evitando desigualdades. La clave es que la autonomía fiscal no implique pérdida de equidad territorial, sino mayor capacidad de decisión.

¿Cuáles son los tres cambios institucionales mínimos que deberían acordarse en el corto plazo?

El primero: un protocolo obligatorio y transparente de relación financiera entre la Dipres y los gobiernos regionales, con reglas claras para remesas y ajustes. El segundo: mayor flexibilidad presupuestaria regional durante la ejecución 2026, permitiendo definir prioridades territoriales.

Y el tercero: destrabar la tramitación del proyecto “Regiones Más Fuertes”. Ahí están varias de las herramientas necesarias para mejorar la agilidad presupuestaria, el control y la generación de ingresos propios. Además, su avance permitiría corregir las rigideces actuales del sistema, fortaleciendo la gestión regional.

¿Cuál es su llamado directo al Congreso respecto a la agenda de descentralización?

Mi llamado al Congreso es bien directo: no podemos seguir hablando de descentralización solo en el discurso. Se requiere avanzar en una ley de financiamiento regional moderna, y eso implica poner urgencia real al proyecto “Regiones Más Fuertes”, que aborda descentralización fiscal y autonomía.

Debemos consolidar mecanismos de traspaso efectivo de competencias con financiamiento suficiente. El problema histórico ha sido que muchas competencias no vienen acompañadas de recursos, lo que limita su implementación. Además, no tiene sentido elegir autoridades regionales si las decisiones siguen subordinadas al nivel central, restringiendo su capacidad real de gestión.

El cierre de la entrevista deja instalada una discusión de fondo sobre el modelo de desarrollo territorial en Chile. El recorte presupuestario no solo reduce recursos, también evidencia los límites actuales de la descentralización, especialmente en autonomía fiscal.

En esa línea, el debate apunta a definiciones estructurales. La forma en que se distribuyen y gestionan los recursos públicos determinará el poder real de las regiones, en un sistema que aún mantiene una fuerte concentración de decisiones.