Amenaza a parlamentarios: El obstáculo para aprobar la ley de elección de intendente

La semana pasada la Comisión de Gobierno del Senado retomó la tramitación de la reforma constitucional que establece la elección directa de intendentes (que se llamarán en un futuro «gobernadores regionales»), después que el ministro Nicolás Eyzaguirre propuso un protocolo para lograr un acuerdo político.

La iniciativa requiere para su aprobación el apoyo de 22 senadores en ejercicio, lo que obliga a un acuerdo transversal.

 Sin embargo, persiste entre los analistas la sensación de que, detrás de las discrepancias en torno al proyecto, se esconde la ausencia de voluntad de avanzar por cálculos locales.

 El ex vicepresidente de la Comisión Asesora Presidencial por la Descentralización, Heinrich von Baer, acusó la semana pasada una velada obstrucción de parte de parlamentarios por «temor a que surjan nuevos
liderazgos».

Según el analista electoral de la Universidad Diego Portales Mauricio Morales, hay una disposición más favorable en la DC que en el PS y el PPD, pero recalca que «hay partidos que ven en la elección de intendentes una amenaza para su poder local y otros que sienten que no tienen liderazgos suficientes para enfrentar esta elección, así que en lugar de colocar como prioridad la democratización de las regiones, prefieren echar para atrás la reforma ante la expectativa de perder poder».

«Como ahora los senadores se elegirán por región, va a haber un conflicto latente entre los senadores y el intendente, que va a ser una figura electa con un sistema más sencillo y la gente lo va a reconocer como el gran líder regional», dice el cientista político de la UDD Miguel Ángel Fernández, quien cree que «el conflicto de poder puede escalar, sobre todo, en regiones pequeñas. La gente irá a buscar solución a sus problemas al intendente».

El nudo del 40%

 Para lograr un acuerdo, el Gobierno está planteando que los futuros «gobernadores regionales» sean elegidos con un piso de 40% de votos.

 A juicio de Mauricio Morales, la barrera del 40% es la más razonable, para contener la consolidación de caudillos. «Con mayoría relativa (simple) esos caudillos podrían conseguir la intendencia con pocos votos, alimentando su
gestión clientelar. Y con mayoría absoluta ninguno de los candidatos logrará el 50% más uno, incentivando una alta fragmentación. El 40%, en cambio, es un umbral alto que reduce la fragmentación y estimula a los partidos
tradicionales a mantenerse en coalición», explica.

 Miguel Ángel Fernández aporta otra perspectiva. «La mayoría simple (relativa) es la más sencilla. El que saca más votos gana, así de simple. La mayoría absoluta a dos rondas tiene un riesgo: como es una elección de segundo orden, después de la presidencial, es probable que baje mucho la participación en la segunda vuelta y ello deslegitime al intendente electo. Un umbral de 40% es sensato, porque genera un piso de apoyo ciudadano razonablemente alto y reduce la posibilidad de una segunda vuelta con baja participación», opina el analista de la UDD.

Atribuciones
Otro nudo son las efectivas atribuciones de los futuros jefes regionales.

Miguel Ángel Fernández previene que la reforma podría provocar sobreexpectativas de la capacidad de los gobernadores regionales. «Pero la reforma sólo genera una ilusión de democracia regional, porque no les da las
suficientes atribuciones políticas ni fiscales y eso va a provocar una gran frustración ciudadana», dijo.

Gobernadores y delegados: El choque con los representantes

Del Gobierno

Uno de los puntos controvertidos de la reforma es que, junto con fortalecer la figura del gobernador regional, crea también los llamados «delegados provinciales», que serán los representantes del Presidente de la República
en los territorios.

El proyecto precisa que los gobernadores regionales presidirán el consejo regional y tendrán a su cargo la coordinación, supervigilancia y fiscalización de los servicios públicos que corresponden al gobierno regional, mientras que a los delegados provinciales les corresponderá la tarea de coordinar y supervigilar los servicios públicos que no estén al alero del gobierno regional.

El senador Carlos Bianchi criticó esta dualidad de autoridades con facultades no bien delimitadas, preguntando «¿y a quién le van a responder los seremis? Pues a los ministros del gobierno central».

Otro punto de la reforma es que la transferencia de competencias desde el gobierno central a los gobiernos regionales «irá acompañada de la atribución de recursos».

(Fuente: La segunda)

Link: http://impresa.lasegunda.com/2016/09/12/A/TV30JR2A/all