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Declaración de Concepción: Por un Chile Descentralizado, Honesto, Eficiente y Desarrollado
Introducción
Reunidos en Concepción el día 4 de agoso de 2025, en la Cumbre de las Regiones 2025 -organizada con el patrocinio del Gobernador Regional del Biobío y la Corporación para la Regionalización del Biobío (Corbiobío)-, los Gobiernos Regionales de las 16 regiones de Chile, integrados en AGORECHI, junto a parlamentarios de regiones, la Agrupación de Universidades Regionales (AUR), los Consejos Regionales y la Asociación Chilena de Municipalidades, hemos deliberado con el firme propósito de avanzar hacia un Chile más justo y próspero.
Convocados por el anhelo ciudadano de profundizar la descentralización y comprometidos con las principales demandas sociales contemporáneas afirmamos que el excesivo centralismo ha frenado el potencial de nuestras comunidades y favorecido la desigualdad territorial. La ciudadanía demanda autoridades más cercanas y eficientes y percibe altos niveles de centralismo y corrupción, por todo lo cual exige cambios profundos.
Tras una jornada de debate y consenso, precedida por un extenso trabajo en mesas de trabajo técnicas, presentamos la Declaración de Concepción 2025, un manifiesto público que articula los siguientes principios y propuestas clave para construir un país verdaderamente descentralizado, honesto y desarrollado.
Principios y Compromisos
1. Autonomía financiera para las regiones
Exigimos dotar a los gobiernos regionales de verdadera autonomía y capacidades financieras y presupuestarias. Esto implica aumentar sustancialmente las transferencias no condicionadas de recursos a las regiones, permitir a cada territorio decidir sobre la inversión de su presupuesto y establecer mecanismos de descentralización fiscal equitativa. Sin recursos propios y decisión local sobre ellos, la descentralización es imposible; por ello, proponemos un nuevo pacto fiscal Nación-Regiones que garantice fondos suficientes, distribución justa según las necesidades y potencialidades de cada región, y la facultad de generar ingresos regionales donde corresponda.
2. Traspaso efectivo de competencias y servicios públicos
Urge acelerar y profundizar el traspaso de competencias desde el nivel central a los gobiernos regionales. Las regiones deben asumir atribuciones plenas en áreas clave de desarrollo (ordenamiento territorial, fomento productivo, infraestructura, salud, medio ambiente, turismo, entre otras) para responder mejor a las realidades locales. Proponemos establecer plazos claros y exigibles para transferir dichas funciones junto con los recursos humanos y financieros correspondientes, evitando dilaciones burocráticas. Cada competencia transferida acercará las decisiones a la gente, mejorando la eficiencia y pertinencia de las políticas públicas.
3. Fortalecimiento institucional y control regional
Nos comprometemos a fortalecer la institucionalidad regional dotando a los gobiernos locales de las capacidades técnicas y administrativas necesarias para gestionar sus nuevas competencias con excelencia. A la par, impulsamos mecanismos robustos de fiscalización y control sobre el uso de recursos y la ejecución de programas en cada territorio. Ello incluye reforzar el rol de las contralorías regionales, las unidades de auditoría interna y los consejos de la sociedad civil, asegurando que la autonomía vaya acompañada de responsabilidad. Un gobierno regional fortalecido y supervisado eficientemente podrá combatir la corrupción y el despilfarro desde el territorio mismo.
4. Transparencia y probidad en el ejercicio público
Declaramos tolerancia cero a la corrupción en todos los niveles de gobierno. La descentralización debe ir de la mano con una gestión honesta y transparente. Promoveremos activamente la publicación abierta de presupuestos, licitaciones y gasto público regional en formatos accesibles para la ciudadanía. Asimismo, instauraremos observatorios ciudadanos y consejos asesores anticorrupción en cada región, garantizando que las decisiones se tomen de cara a la comunidad. Solo recuperando la probidad en lo público podremos reconstruir la confianza ciudadana en sus autoridades locales y regionales.
5. Eficiencia y eficacia gubernamental
Aspiramos a un Estado cercano que funcione con eficiencia para la gente. Para ello, proponemos simplificar y modernizar la gestión pública en regiones, eliminando duplicidades y trámites innecesarios impuestos desde Santiago. La descentralización administrativa permitirá respuestas más oportunas y adecuadas en cada territorio. Nos comprometemos a optimizar el uso de cada peso público invertido en la región, introduciendo metas de desempeño, evaluación de impacto de las políticas regionales y profesionalización de los equipos técnicos. Un gobierno regional eficiente y orientado a resultados mejora la calidad de vida y demuestra que la autonomía trae progreso tangible.
6. Eliminación del Delegado Presidencial
Demandamos la eliminación o modificación sustancial de la figura del Delegado Presidencial Regional, resabio del centralismo que duplica funciones y diluye responsabilidades. El Gobernador Regional, autoridad elegida democráticamente, debe presidir la administración regional. Urgimos al Poder Ejecutivo y al Congreso a suprimir por ley este cargo impuesto desde el centro, reemplazándolo por un representante del Ejecutivo en la Región con funciones limitadas. Con un solo liderazgo legítimo por región, se eliminarán interferencias burocráticas, se clarificarán las líneas de autoridad y se fortalecerá la gobernabilidad local, haciendo más eficiente la gestión territorial.
7. Coordinación efectiva entre niveles de gobierno
Para lograr coherencia en la acción del Estado, es imprescindible mejorar la
coordinación entre los Gobiernos Regionales y los órganos sectoriales del Estado presentes en el territorio (ministerios y seremis). Proponemos crear Gabinetes Regionales encabezados por cada Gobernador, donde participen los seremis y jefes de servicios públicos, alineando las políticas nacionales con las prioridades regionales. Asimismo, instamos a modificar normativas para que los planes y programas regionales aprobados por los gobiernos regionales sean de cumplimiento obligatorio para los servicios desconcentrados. De esta forma, se terminará con la desconexión actual y las regiones podrán implementar estrategias de desarrollo integrales sin interferencias ni duplicidades.
8. Fortalecimiento de los contrapesos democráticos regionales
Una descentralización sólida requiere equilibrios y contrapesos democráticos a nivel local. En tal sentido, enfatizamos el rol fundamental de los Consejos Regionales (COREs) como órganos fiscalizadores y representantes democráticos en la toma de decisiones de la región: apoyamos ampliar sus facultades de control, aprobación presupuestaria y planificación, así como proveerles capacitación para el adecuado ejercicio de sus funciones. Del mismo modo, valoramos la labor de los concejos municipales y de los consejos de la sociedad civil y otras instancias de participación que vigilan la gestión pública. Al robustecer estos contrapesos –incluyendo a la sociedad civil organizada y la prensa regional– aseguramos que el poder descentralizado sea ejercido con transparencia, equilibrio y de cara a la ciudadanía.
9. Impulso a los gobiernos locales y participación ciudadana
Reafirmamos que la descentralización no termina en el nivel regional; los municipios son el primer eslabón del Estado en contacto con la comunidad. Apoyamos un fortalecimiento de las municipalidades, otorgándoles más competencias y financiamiento directo para atender las demandas vecinales con agilidad. Asimismo, promoveremos mecanismos de participación ciudadana efectiva en la toma de decisiones locales y regionales (cabildos, presupuestos participativos, consultas vinculantes), de modo que la población sea protagonista del desarrollo de su territorio. Un Chile descentralizado empodera a sus comunidades de base, reconociendo que las soluciones muchas veces nacen desde lo local.
10. Desarrollo territorial equilibrado, conocimiento e innovación
Finalmente, afirmamos que el objetivo último de la descentralización es lograr un
desarrollo regional equitativo, sostenible y acorde a las vocaciones de cada territorio. Para ello, aprovecharemos el conocimiento y talento local: las universidades regionales, agrupadas en AUR, serán aliadas estratégicas para generar innovación, estudios y capital humano de excelencia al servicio de las regiones. Impulsaremos iniciativas productivas descentralizadas, diversificación económica y colaboración público-privada en cada zona, evitando que las y los jóvenes deban emigrar a la capital en busca de oportunidades. Queremos un país donde nacer en cualquier región otorgue las mismas oportunidades de bienestar que en Santiago. La descentralización debe traducirse en cohesión territorial, reducción de brechas y calidad de vida creciente para todas y todos.
Conclusión
La Declaración de Concepción 2025 representa un acuerdo transversal y potente de las regiones de Chile. Cuenta con el respaldo unánime de los 16 Gobernadores Regionales y es suscrita también por los parlamentarios de las regiones aquí presentes, la AGORECHI, la AUR, los Consejos Regionales y la Asociación Chilena de Municipalidades y la sociedad civil.
Juntos, estos actores nos comprometemos a hacer realidad las propuestas aquí delineadas, trabajando coordinadamente para que se plasmen en políticas de Estado. Exigimos al Gobierno central y al Congreso Nacional que escuchen el clamor de las regiones y actúen con rapidez y decisión para concretar las reformas impostergables.
En Concepción, cuna de grandes cambios históricos, declaramos con voz firme y unidad de propósito que ¡Chile será descentralizado o no será desarrollado! No aceptaremos menos que un Chile honesto, eficiente y plenamente desarrollado para todos sus habitantes. La hora de la descentralización ha llegado: desde nuestras regiones impulsaremos, con honestidad y eficiencia, el progreso que merece nuestro país.