Descentralización en el anteproyecto: un equilibrio entre tradición e innovación

Por Pedro Varela y María Paz Troncoso

Una de las novedades más significativas, pero menos comentadas del anteproyecto constitucional elaborado por la Comisión Experta es su capítulo sobre «Gobierno y Administración Regional y Local». Tal vez porque este proceso, a diferencia del anterior, introduce cambios responsables y progresivos -y no refundacionales y voluntaristas-; o simplemente porque la «fatiga constitucional» hace que las innovaciones que el anteproyecto contiene en materia de descentralización sean -a nuestro juicio- subvaloradas.

En sintonía con el tono que ha caracterizado a esta primera etapa del proceso constitucional, la Comisión Experta nos presenta un adecuado equilibrio entre tradición e innovación en esta materia. Tradición, pues, en línea con lo establecido en las bases del proceso -y con nuestra bicentenaria tradición unitaria-, se consagra que el Estado de Chile es «unitario y descentralizado». Pero también innovación, pues dicha forma de Estado y su nuevo apellido se hacen efectivos en un capítulo con cambios, quizás sutiles, pero claves para avanzar en descentralización. Revisemos sólo algunos.

Por un lado, valoramos la consagración de una serie de principios que debe observar la organización territorial, entre los que destacan especialmente los de pertinencia, heterogeneidad, y de radicación preferente (también conocido como subsidiariedad territorial), que busca privilegiar al nivel local -y eventualmente al regional- en la distribución de competencias. En esta misma línea, es relevante el reconocimiento de las municipalidades ya no sólo como las entidades encargadas de la administración, sino también del gobierno local de las comunas, otorgándoles ambas innovaciones el protagonismo que les corresponde en un genuino proceso descentralizador.

Por otro lado, resulta valioso que se dedique un epígrafe, bajo el título «Descentralización Fiscal», a regular un aspecto que es transversalmente reconocido como un desafío pendiente. Entre sus disposiciones destacan la inclusión de una garantía de financiamiento del traspaso de competencias a los gobiernos subnacionales y que las transferencias de recursos desde el gobierno central se efectúen en base a «criterios objetivos y predefinidos».

En suma, en el anteproyecto verificamos un conjunto de normas que trazan orientaciones audaces, pero sensibles con nuestra tradición histórico-constitucional, que permitirán seguir avanzando de manera gradual y progresiva -pero realista y responsablemente- en materias tan sentidas y demandadas por la ciudadanía. Confiamos en que el Consejo Constitucional acogerá y enriquecerá este capítulo y que sus miembros serán conscientes de que los cambios que se requieren para profundizar en una descentralización efectiva dependen en gran medida de un sistema político que se haga cargo de ellos por la vía legislativa.