DESCENTRALIZACIÓN POLÍTICA EN CHILE: PODER REAL PARA LAS REGIONES

Pese a los reparos que se han formulado desde tantos sectores, la elección en abril de 2021 de un gobernador regional, que cohabitará con una autoridad regional designada, será infinitamente superior a lo que tenemos actualmente.

Costó más de doscientos años de vida republicana que los ciudadanos tengamos el derecho de elegir, para el año 2021, a nuestra principal autoridad política regional. Pero no fue sencillo ni será tan fácil la implementación de esta reforma, dado que el costo de elegir el llamado Gobernador Regional será que deberá convivir con otra autoridad regional designada llamada Delegado Presidencial Regional. ¿Por qué dos autoridades y no solo una autoridad electa? Las razones son históricas y políticas. Ambas, entrelazadas, se hacen fuertes en las instituciones de la república, donde predomina la convicción centralista por sobre las convicciones descentralizadoras.

Veamos. La propuesta de elegir autoridades regionales en Chile fue planteada por primera vez en el programa de gobierno de Ricardo Lagos el año 1999. Llegado al gobierno, la idea de elección de intendentes regionales se diluyó y no hubo respaldo político en el Congreso para sacarla adelante. En el primer período de gobierno de la expresidenta Michelle Bachelet (2006-2010) se comprometió la elección de consejeros regionales, autoridades que hasta esa fecha eran elegidas por los concejales de cada comuna. El año 2009 se promulgó la ley que estableció su elección directa, cuyo hecho político se concretó el año 2013 bajo el mandato del presidente Sebastián Piñera. En este periodo (2010-2014), no se avanzó en ninguna otra reforma sustantiva en materia de descentralización política para el país.

Durante la campaña previa al período de gobierno 2014-2018, la entonces candidata presidencial Michelle Bachelet planteó entre sus medidas la elección democrática de intendentes regionales. En dicho proceso existió un consenso entusiasta de un importante número de actores políticos de la coalición de centroizquierda. Iniciado su segundo mandato, en abril de 2014 la presidenta convocó una Comisión Asesora Presidencial para la Descentralización, instancia que reunió a 33 personalidades de distintas tendencias políticas y representantes de regiones.

LOS PASOS DE LA DECISIÓN

Tras seis meses de trabajo, dicha instancia presentó un informe con propuestas, en lo referido a la elección directa del intendente regional. Su sugerencia era que fuera electa directamente por la ciudadanía y con las atribuciones que actualmente tiene dicha autoridad. No obstante, esa idea no fue lo que acogió el gobierno y aprobó el Congreso, sino que primó lo acordado y negociado entre los partidos políticos de oposición, la coalición de la nueva mayoría y el propio gobierno. Este último entonces optó por impulsar la elección de una autoridad regional que no se llame «intendente regional», sino «gobernador regional», y que no tenga como atribución la coordinación política de los servicios públicos desconcentrados, es decir, seremis y direcciones regionales con presencia en la región. Dicha atribución la tendrá una autoridad designada llamada «delegado presidencial regional».

Este Frankenstein Institucional, se produjo porque desde el inicio del gobierno de la presidenta Bachelet se instalaron dos perspectivas en torno a este tema. Estas «dos almas» tenían expresión política en el gobierno, congreso, centroderecha y centroizquierda. Por un lado, estaban aquellos que planteaban no hacer la elección de intendentes regionales, porque eso implicaría romper la hegemonía histórica de la élite política centralista sobre los liderazgos políticos de regiones. Especialmente, porque se perdía el control que produce ganar el gobierno nacional y quedarse con todos los nombramientos regionales. Por otro lado, estaba la idea de realizar la elección de intendente regional, tal cual lo propuso la comisión asesora presidencial, y tal cual estaba expresado en el programa de gobierno de la expresidenta. Esta expresión tenía poco respaldo en el gobierno y en los parlamentarios de la centroizquierda el respaldo era minoritario, aunque superior al que se encontraba entre los parlamentarios de la centroderecha. En este escenario, el gobierno, pero básicamente la convicción de la presidenta Bachelet, no tenía mayoría legislativa para iniciar un proyecto de reforma tal cual lo planteaban su programa de campaña y la comisión asesora presidencial.

Fue así como, en vez de tener una cabeza regional, tenemos dos cabezas regionales. Por un lado, una le dará legitimidad democrática a la gestión regional y, por otro lado, la otra cabeza será expresión del centralismo político tan arraigado en nuestro país. La tesis histórica de la élite conservadora es que la administración se descentraliza, mientras el poder político no. Y este seguirá sobreviviendo por un tiempo.

A pesar de lo anterior, la elección de una autoridad regional que cohabitará con una autoridad regional designada será infinitamente superior a lo que tenemos actualmente.

Hoy se hace difícil dar continuidad a la conducción política y estratégica de las regiones, dado que en promedio los intendentes regionales duran dieciocho meses en sus cargos. La parlamentarización de la política regional ha hecho un daño enorme a las instituciones políticas subnacionales. Existen regiones donde prácticamente los senadores o los diputados son «dueños» de la política regional, sin ningún tipo de contrapeso político y, menos, social.

¿CUÁL ES EL DESAFÍO?

Una primera tarea para conformar correctamente un gobierno regional a partir del nuevo proceso será, primero, anticiparse a los potenciales problemas de coordinación política que existirán en regiones a raíz de esta cohabitación de autoridades.

Un segundo paso será que los gobernadores regionales se transformen en líderes regionales, y que impulsen mayores transferencias de competencias y que se vaya reduciendo a una mínima expresión la capacidad de gestión regional de los delegados presidenciales regionales, y que su rol quede sujeto a lo esencial, que es lo referido a seguridad interior del Estado.

En tercer lugar, que la ciudadanía acompañe este proceso y sea protagonista de estos cambios.

A pesar de todo, después de mucho tiempo y de manera histórica, las regiones tendrán la oportunidad ser protagonistas de su propio desarrollo. MSJ