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Diez años podría demorar el traspaso de las atribuciones de los actuales intendentes a nuevo gobernador regional
La primera de las cuatro metas se cumplió este martes. Por unanimidad, el Senado aprobó la idea de legislar sobre el proyecto de reforma constitucional que permitirá la elección democrática de los intendentes, que pasarán a llamarse gobernadores regionales.
La primera de cuatro metas que el Gobierno plasmó en la Agenda de Descentralización, y que este martes tuvo un férreo respaldo de los parlamentarios, pese a que algunos manifestaron ciertas dudas respecto a las competencias y las atribuciones que tendrá el nuevo jefe regional.
Así, y de no haber contratiempos, los primeros gobernadores regionales deberán ser escogidos en las próximas elecciones parlamentarias, a realizarse el próximo año.
Puntualmente, ejercerán el rol del Ejecutivo en cada región, presidiendo además el Consejo Regional (CORE). De esta forma, se elimina la actual votación que los consejeros regionales deben realizar para escoger a su presidente.
¿Podrán priorizar los proyectos según las necesidades de cada región? Sí. Incluso, estarán a cargo de formular el presupuesto regional y presentarlo ante el CORE, para luego ser sometido a aprobación. Luego, serán los propios consejeros regionales los que tendrán la facultad de fiscalizar que dichas asignaciones presupuestarias se cumplan tal como se aprobaron.
“Separamos las funciones de tal manera que el consejero regional tenga muchas más facultades de fiscalización. Con eso incluimos un mecanismo de transparencia en la utilización de los recursos públicos”, dijo el el subsecretario de Desarrollo Regional, Ricardo Cifuentes.
¿Cómo se escogerán? Aún no está definido. El Gobierno propuso la mayoría absoluta, es decir, que obtenga un 50% de los votos, de lo contrario tendrán que ir a una segunda vuelta. Sin eembargo, la Comisión de Gobierno Interior la redujo a mayoría simple, lo que fue criticado por el senador Ricardo Lagos Weber durante su intervención.
Lo cierto es que tanto la Subdere como los parlamentarios se han mostrado dispuestos a llegar un acuerdo. La opción que reúne un mayor consenso es que el nuevo gobernador regional obtengo más de un 40%, pero con una diferencia de diez puntos con quien lo antecede.
¿Cuál será la diferencia, entonces, con los actuales intendentes? El nuevo gobernador regional no tendrá atribuciones en materia de gobierno interior, como por ejemplo la coordinación de la seguridad pública o los temas referentes a extranjería. Estos, quedarán en manos de un nuevo cargo: el delegado provincial.
Cumplirán la misma función que los actuales gobernadores. La diferencia es que asumirán un papel más representativo del gobierno de turno, como manera de transformarse en una “contraparte” al gobernador regional, que podría ser de un sector político distinto.
El delegado provincial de la capital de la región va a ser, además, el coordinador de los demás delegados, convirtiéndose así en el representante del presidente de turno.
Como ejemplo, el subsecretario planteó lo siguiente: “El desfile del 18 de septiembre lo va a dirigir el delegado provincial, porque él es el representante del presidente de la República y esa función de gobierno interior no se delega ni se centraliza. Pero si una junta de vecinos, por ejemplo, quiere promover un proyecto de pavimentación urbana en su comuna, eso lo tendrá que ver el gobernador regional y el consejo regional”.
Este nuevo cargo, que finalmente cumplirá las mismas funciones que los actuales gobernadores, fue uno de los motivos de discusión durante la aprobación del proyecto.
La senadora Lily Pérez consideró que el proyecto era “un primer paso”, pero sostuvo que el mantener un funcionario de gobierno en cada provincia será considerado como “un comisario político”. “Si bien el gobernador regional va a ser escogido en forma directa, va a tener una especie de ‘comisario político’ encima, fiscalizando y coordinando lo que le impedirá poder representar los intereses de la región”, planteó la parlamentaria durante su intervención en la Sala.
A ello, agregó que “no tiene sentido si es que no son dotados de atribuciones y competencias”. Pero el subsecretario Cifuentes lo aclaró y dijo que el liderazgo de la región recaerá en el gobernador regional y éste no se verá supeditado por alguno de los delegados. En cuanto a las atribuciones, Ricardo Cifuentes coincidió con la senadora Pérez.
“Efectivamente no tiene sentido elegir una autoridad que no tenga competencias ni recursos”, dijo el subsecretario.
Sin embargo, sí las tendrá, y aquí es cuando la segunda de las metas juega un rol fundamental: el proyecto sobre el fortalecimiento de la regionalización. Específicamente, la iniciativa busca traspasar competencias desde el gobierno central al regional en un plazo de diez años.
Por lo pronto, se crearán tres nuevas divisiones: Fomento Productivo e Industria; Desarrollo Social y Humano; e Infraestructura y Transporte. Aquí, todos los servicios desconcentrados pero que dependen de los ministerios van a ser traspasados a los gobiernos regionales. Algunos de ellos son la Corfo, el Sercotec o el Serviu.
“Los recursos de esos servicios, que hoy los maneja los ministerios, se van a transferir al GORE y se va a participar a través de la división que se crea”, explicó Cifuentes.
En la discusión del proyecto, la mayoría de los senadores plantearon la iniciativa como “un gran paso” dado en materia de descentralización. Pero de la misma forma, gran parte de ellos aseguraron que había que medir las expectativas.
“Seamos cautos. Falta lo medular. ¿Qué va a poder hacer esta persona, sea hombre o mujer, que le vamos a dar la facultad de ser elegido directamente, una vez elegida? Eso mañana no va a ser la noticia”, sostuvo el senador Lagos.
Para el diputado Rodrigo González, sin embargo, no habría espacio para la instauración de un nuevo intendente sin competencias.
Según explicó, el proyecto de reforma constitucional obliga al gobierno para que cuando haya un traspaso de competencias tenga que ir acompañado de recursos. “La reforma constitucional no va a entrar en ejercicio hasta que no esté completo el proceso. La propia reforma constitucional indica que ambas cosas tienen que ir de la mano”.
El objetivo entonces, explicó el parlamentario, es que durante este año se aprueben los tres proyectos: el de elección democrática del intendente, el traspaso de competencias y la reforma al sistema de financiamiento de los gobiernos regionales, la tercera meta (ver recuadro).
“Los regionalistas vamos a pedir que haya suma urgencia. Durante este año estén terminados todos para que el Servel tenga el tiempo necesario para poner en marcha el proceso electoral”.
Sin embargo, de aprobarse dichos proyectos, al Gobierno le quedaría un último escollo: presentar una ley especial que indique el mecanismo para elegir a los nuevos intendentes. Y que también tiene que ser aprobado por el Congreso.
“Efectivamente no tiene sentido elegir una autoridad sin competencias ni recursos. Pero claro que las va a tener, y se les van a ir agregando durante los próximos 10 años”
Ricardo Cifuentes, Subsecretario de, Desarrollo Regional
“Si bien el gobernador regional va a ser escogido en forma directa, va a tener una especie de ‘comisario político’ fiscalizando e impidiendo que se representen los intereses regionales”
Lily Pérez, Senadora por Valparaíso
TRASPASO DE RECURSOS AL GORE
El senador Francisco Chahuán fue claro: “Esto tiene que ir acompañado de traspaso de funciones y atribuciones, que es la descentralización administrativa, pero también fiscal”. En esa línea, la cuarta meta de la Agenda de Descentralización contempla una serie de modificaciones al sistema de financiamiento de los Gobiernos Regionales, así como también algunos normas sobre responsabilidad fiscal. Según comentó el subsecretario Cifuentes, este proyecto será enviado al Congreso durante este semestre, una vez que esté aprobada la reforma de traspaso de competencias desde el gobierno central a los gobiernos regionales. ¿La cuarta meta cuál es, entonces? La del fortalecimiento de la gestión y profesionalización del personal municipal, que -entre otras materias- modifica la planta de funcionarios por primera vez en veinte años.
2017 es el año en el quese espera que se escoja democráticamente a los nuevos gobernadores regionales. Aunque la iniciativa tuvo un comienzo positivo en el Congreso, sigue generando dudas.
10 años es el plazo establecido
por el Gobierno para dotar de todas las competencias al nuevo gobernador regional. Las suspicacias se han centrado en si realmente esta figura tendrá real autonomía.
FUENTE: El Mercurio de Valparaíso