El directorio de la Asociación Chilena de Municipalidades (AChM) manifestó ciertas inquietudes respecto al diseño de la institucionalidad de los nuevos gobernadores regionales -figura que reemplaza al actual intendente-, cuya elección será por voto popular en octubre próximo. Según había trascendido, a juicio de varios ediles actualmente no están las condiciones para llevar a cabo estas elecciones, dando a entender la conveniencia de postergar los comicios. Entre los puntos que habrían sido resaltados por los alcaldes figuran las pocas atribuciones que tendrá la nueva autoridad regional; que comience a regir en medio del debate constitucional -lo que podría significar cambios a la hora de mirar la descentralizacióny los escasos avances en modernización del Estado, así como los altos costos económicos que significa la implementación del proceso.

Aunque con el correr de los días otros alcaldes han tomado distancia de estos planteamientos, e incluso el propio presidente de la AChM ha precisado que no ha pretendido hacer un llamado a postergar las elecciones, sino invitar a un proceso de reflexión, lo cierto es que otra vez han aflorado los cuestionamientos a esta institucionalidad -particularmente por lo acotado de las atribuciones que tendrá la nueva autoridad-, una señal de que aún subsisten una serie de vacíos o bien que su diseño no se encuadra con las expectativas de un paso decisivo en la descentralización.

No han sido solo las voces de algunos alcaldes los que por estos días han manifestado sus reparos, sino también lo han hecho personalidades provenientes de distintas sensibilidades; el propio gobierno, reticente a la idea de aplazar los comicios, pareció abrirse a evaluar dicha posibilidad tras las críticas de los ediles, si bien dentro del oficialismo no hay consenso en esta materia.

Faltando ya solo meses para estas elecciones, es realista reconocer que la elección de gobernadores regionales no parece estar lista para su debut, y la obligación del gobierno como de los partidos políticos es asegurar la impecabilidad de dicho proceso, criterio que debe prevalecer por sobre las legítimas ansias de avanzar con más celeridad en la descentralización -objetivo que en todo caso es ampliamente compartido- o por los intereses electorales que los partidos han cifrado en estos comicios.

Las conclusiones de la mesa técnica sobre descentralización que convocó el gobierno para enfrentar los aspectos no bien resueltos ya entregó sus conclusiones, y se está a la espera de que a partir de estos insumos el gobierno envíe pronto alguna suerte de “ley corta” para intentar corregir estas dificultades. Aun así, no es claro que cuestionamientos como las débiles atribuciones de la nueva autoridad -que a la par deberá convivir con un “delegado presidencial”, a cuyo cargo estará entre otras funciones el orden público-, puedan ser resueltas por esta vía.

En todo caso, parece prudente que cualquier decisión se adopte una vez que se conozca el resultado del plebiscito del 26 de abril, ya que eventualmente el marco constitucional del país podría experimentar transformaciones.

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