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El detalle de las irregularidades que complican a la Gore del Maule Cristina Bravo (DC)
Luego del estallido del caso Democracia Viva, Contraloría ha puesto sus esfuerzos en fiscalizar los convenios entre entes estatales y privados que cuentan con traspasos de recursos de forma directa. En ese marco, el Gobierno Regional del Maule presentó irregularidades por casi mil millones de pesos.
A inicios de noviembre, el contralor Jorge Bermúdez presentó ante la Comisión Investigadora del Congreso las observaciones realizadas a 15 seremis de Vivienda y Urbanismo en distintas regiones, en el marco del caso Convenios. Actualmente todas están siendo investigadas, pero no son los únicos organismos públicos que se encuentran bajo el ojo contralor. El caso Democracia Viva también echó luces sobre irregularidades en los traspasos de recursos por parte de Gobiernos Regionales (Gores) a fundaciones. Entre ellas, una de las más llamativas es la del Gobierno Regional del Maule, que lidera la democratacristiana Cristina Bravo.
La Contraloría hizo pública la auditoría realizada, con fecha 9 de noviembre, sobre los convenios llevados a cabo por el Gobierno Regional del Maule con cuatro fundaciones: Fundación Tejido Social (del 2021, por casi 17 millones), Fundación Urbanismo Social (del 2022, por 264 millones), Fundación Semilla (del mismo año, por 271 millones) y Fundación Participa (de marzo de este año, por 379 millones). Esta es una de todas las revisiones que está realizando el órgano fiscalizador a nivel nacional y de las que seguirán publicando resultados.
La Contraloría detectó irregularidades de distintas magnitudes en los cuatro convenios realizados que, juntos, suman un valor de $932.833.626. Sin embargo, cabe señalar que el Gore del Maule ya echó pie atrás en algunos proyectos, como –por ejemplo– “Juntos y juntas nos sentimos más seguros” de Urbanismo Social, que fue un polémico caso ya dado a conocer por la prensa y que, en el detalle de este informe, también se encuentra descrito.
El informe muestra primero, a modo general, los “Aspectos del Control Interno” del Gore y ahí traza las primeras observaciones respecto a los convenios celebrados. En primer lugar, advierte que existen “debilidades generales de control interno”. Entre ellas, apunta específicamente a que “no existe una directa relación entre los objetivos de las fundaciones acorde a los estatutos de estas y la tipología del programa de inversión formulado y asignado a ellas”.
Otra de las observaciones señala que se confirmó que no se “ponderó ni consideró el patrimonio de las fundaciones a las que se les entregó recursos a fin de resguardar debidamente el patrimonio fiscal” y, también, se identificó que “los formularios de postulación no contaron con la totalidad de la información necesaria que permita acreditar el cumplimiento de los antecedentes exigidos para su postulación”. Concretamente, se refiere a la “falta de experiencia de las iniciativas, inicios de actividades cercanos a la celebración de los convenios” y “ausencia de identificación de los beneficiarios”.
Además, se detectó una “falta de oportunidad en la dictación del instructivo”. Esto, a raíz de que el programa presentado por la Fundación Participa –vinculada a personajes del PPD– y que tenía como título “Transferencia Programa de Extensión para frutilleros de la Provincia de Cauquenes”, fue evaluado y recomendado por un funcionario del Gore perteneciente a la División de Fomento e Industria.
El detalle de los proyectos
Es importante mencionar que las observaciones vertidas por la Contraloría versan sobre las acciones que ha realizado el Gore del Maule respecto a los convenios celebrados y acerca de lo que las fundaciones han hecho, puesto que son entes privados.
Sobre eso, la cantidad de observaciones hechas respecto a cada fundación a veces se repite y, si bien el órgano contralor tuvo que levantar algunas de dichas observaciones, pues el Gore se apegó a lo legal, advirtió que “estamos frente a un sistema débil de asignación de recursos públicos que genera riesgos respecto del buen uso de los mismos y de la satisfacción de las necesidades públicas, pues carece de una regulación mínima que permita una selección adecuada y transparente de las entidades ejecutoras y que vele por su respectiva idoneidad”.
En tal sentido, se detectaron similares irregularidades en todos los convenios, donde en algunos se repiten las observaciones y en otros no.
El convenio que se había suscrito en diciembre del 2022 con Urbanismo Social –fundación cercana al Frente Amplio– se titulaba “Juntos y juntas nos sentimos más seguros” y tenía por objeto intervenir en cinco barrios de la región. Sobre esta tramitación, se identificó que la definición de las personas beneficiadas no era óptima: “No aclara ni identifica los beneficiarios directos a los cuales está dirigida la iniciativa de inversión, ni tampoco los barrios a intervenir en las comunas que señala, y dado que el proyecto aún no ha sido concluido”.
Lo mismo ocurrió con el convenio suscrito por la Fundación Participa, que está vinculada al PPD. Si bien Contraloría reconoce que “se establece que estos corresponden a 244 agricultores no acreditados por el Instituto de Desarrollo Agropecuario, INDAP, de la Región de Maule (…) De ellos, 175 corresponden a hombres y 69 a mujeres, aproximadamente”, advierte que no hay antecedentes que proporcionen una individualización de los beneficiarios.