Opinión
Eliminación de la figura de los Delegados Presidenciales: ¿Un avance real?
Por Jean Paul Sepúlveda, Administrador Público, estudiante Magíster
Como en cada avance que se ha discutido en materia de descentralización, son diversos los actores que, con mayor o menor éxito, postulan que la unidad de la nación y de la estructura político administrativa del país se encuentra en riesgo. El proyecto de reforma constitucional que elimina – o más bien reemplaza- la figura del Delegado Presidencial es prueba de ello, pues lo propuesto se basa en un cambio semántico que mantiene en el nivel central las atribuciones y funciones en materia de coordinación y articulación de los servicios públicos regionales.
Si bien esto se puede justificar bajo la idea de que los servicios deben articularse con los Gobiernos Regionales para asegurar un adecuado nivel de gestión y la continuidad en la provisión de bienes y servicios en los territorios, resulta al menos paradójico que, al mismo tiempo que se asegura aquello, ni la actual estructura político institucional ni el actual proyecto consideren nuevas instancias formales de coordinación que, de manera vinculante, integren tanto la nueva institucionalidad regional como los instrumentos de planificación e inversión territorial.
Bajo este escenario, y pese a los argumentos y pretextos esgrimidos desde distintos sectores, el actual proyecto no hace más que mantener el nivel de influencia y discrecionalidad que posee el nivel central, pues la coordinación no deja de ser un elemento privativo y discrecional que las autoridades nacionales podrán utilizar según los intereses y énfasis del momento. Situación que, además de no significar -en ningún caso- un avance real en términos de descentralización, genera o amplifica distintos conflictos que no favorecen, en ningún caso, una sinergia entre las distintas instituciones públicas que coexisten en un territorio.
Frente a ello, por cierto, se postulará la idea de que estos conflictos no sucederán y que los Jefes Regionales, en conjunto con los ministerios, “conversarán” con los Gobiernos Regionales intentando actuar adecuada y conjuntamente en los ámbitos de atribución de cada institución, resguardando, en todo momento, la pertinencia territorial y las necesidades de la población. No obstante, ¿será necesario que la descentralización dependa de las buenas -y a veces contradictorias- intenciones de las autoridades nacionales de turno?
Si ese es el caso, la autonomía regional no será más que un estado circunstancial que los Gobiernos Regionales podrán o no gozar, y las regiones, una vez más, se encontrarán en función de los intereses y motivaciones del gobierno y autoridades del momento. En caso contrario, resulta del todo necesario y lógico analizar cambios sustanciales al proyecto o más bien, el retiro del mismo, tal y como Gobernadores y Gobernadoras postularon debidamente hace unas semanas.