ENTREVISTA Alejandro Ferreiro “Creo que una nueva Constitución debiera dibujar con claridad la distribución de competencias entre el gobierno central y regional”

Por Jaime Gré, periodista, Director de Comunicaciones Fundación Chile Descentralizado

Alejandro Ferreiro (53) es abogado de la Universidad de Chile y Master of Arts de la Universidad de Notre Dame. Tiene una amplia y reconocida trayectoria en el servicio público (Ministro de Economía 2006-2008; Superintendente en diversos ámbitos como Isapres, Fondos Pensiones, Valores y Seguros), así como docente de diversas universidades.

Su cercanía a los temas de descentralización no es nueva. Fue miembro de la Comisión Asesora Presidencial de la Presidenta Michele Bachelet (2014) y coordinador de las propuestas de descentralización del libro 95 Propuestas para un Chile Mejor. Actualmente se desempeña como director de empresas, presidente de la Junta Directiva de la Universidad de Talca y director del Centro de pensamiento Espacio Público, entre otras actividades.

¿Cómo ve Ud el tema de la descentralización en la coyuntura social y política actual? ¿Lo ve Ud como una oportunidad?

Es una gran oportunidad, por cierto, pero sin certezas de que podamos aprovecharla plenamente. La experiencia internacional muestra que la descentralización puede mejorar la acción política, su legitimidad y la renovación de liderazgos cercanos a las personas. Eso ayudaría mucho a cerrar la grieta que hoy parece existir entre representantes y representados. Sin embargo, en el actual contexto, la relevancia en la agenda pública de la descentralización disminuye y se posterga. No ha sido posible mejorar este año las leyes de febrero del 2018, lo que deja abierta mucha incertidumbre en las competencias que tendrán los nuevos gobernadores, su convivencia con el delegado presidencial y los recursos de los que dispondrán. En tal sentido, la oportunidad de la que hablamos puede derivar en un riesgo mayor: la frustración de expectativas.

Se supone que esta situación puede desembocar en un nuevo trato. ¿Cómo cree Ud. se podría abordar en ese nuevo trato lo de la desigualdad territorial?

La descentralización, en este caso, la regionalización, releva la identidad de los diversos territorios y de las expectativas de su población. Les da un cauce o expresión político-administrativa mediante la elección de gobernadores. Por primera vez, esos gobernadores se deberán a sus electores y ya no al presidente de la república, como en el caso de los actuales intendentes. Por otro lado, existe el riesgo de que la exacerbación de la soberanía regional, especialmente en el plano fiscal, puede derivar en desigualdades mayores que cabe prevenir, especialmente si cada región pudiese cobrar impuestos para su propio destino sin contemplar alguna forma de compensación para las regiones más pobres o con menos capacidad de recaudación tributaria. Por otro lado, las desigualdades territoriales no solo existen entre Santiago y las regiones, sino también al interior de estas. Y ello no se corrige de manera espontánea al elegir gobernadores. Por esto, el tema de la desigualdad territorial es complejo y requiere un abordaje en varias dimensiones. Lo cierto, y promisorio, es que la descentralización política que se genera al elegir gobernadores permite que el tema se haga visible y cuente con autoridades electas que deban responder por el tema y abordarlo frontalmente.

En el debate de una nueva constitución, en su opinión qué aspectos o principios debiera contener esa nueva constitución que favorezcan y/o garanticen una efectiva descentralización?

Creo que una nueva Constitución debiera dibujar con claridad la distribución de competencias entre el gobierno central y regional. Idealmente debiera definir el bloque de competencias que en el mediano plazo son materia de los gobiernos regionales. Si ello ocurre, creo que debieran darse competencias al Tribunal Constitucional que resulte del cambio constitucional, para dirimir los conflictos de competencia entre los distintos niveles de gobierno, al estilo de lo que ocurre en varias democracias europeas. No es posible que la ambigüedad sobre la materia de pie para que cada conflicto de competencias sea resuelto mediante la imposición del gobierno central.

Además, estimo imprescindible que la Constitución garantice criterios objetivos para la distribución de transferencias fiscales a las regiones. Se trata de instalar el principio de “interdicción de la arbitrariedad fiscal”. Esto es fundamental en el nuevo escenario en el que no coincidirá el color político del gobierno central con el de los gobernadores regionales. Los espacios de discrecionalidad arbitraria en las transferencias a regiones deben cerrarse para evitar que ello permita castigar a las regiones opositoras y favorecer a las afines. Para que ello sea eficaz, debe contemplarse a nivel constitucional, de modo que las mayorías parlamentarias no puedan abusar de las minorías opositoras expresadas en algunos gobiernos regionales.

¿Cómo cree Ud. se podría rescatar la dimensión territorial del proceso constituyente?

Para que la dimensión territorial cobre relevancia en el debate constitucional debemos recordar y reforzar las ventajas políticas de la regionalización como modo de oxigenar una clase política cuestionada: nuevos liderazgos, más cercanos, nuevos movimientos, nuevas formas de participación. Las elecciones regionales pueden ayudar a una necesaria renovación de la política, y creo que eso debe resaltarse en el marco del debate que viene. Por otro lado, una sociedad que aspira a una mejor distribución del poder, debe rescatar la importancia potenciar los gobiernos subnacionales. Por eso, me parece que a poco andar, y con más fuerza cuando los constituyentes comiencen a debatir el nuevo texto, los capítulos sobre gobiernos regionales y municipales recuperarán un merecido protagonismo. En tal sentido, la nueva constitución será, casi con certeza, mucho más favorable a una efectiva descentralización que la actual. Lo que importará entonces será decidir que elementos esenciales del nuevo orden de gobiernos subnacionales debe estar en la Constitución, y cómo lograr le apoyo de los dos tercios para instalarlos en la ley fundamental.

En el marco actual, muchas regiones han realizado cabildos, diálogos o encuentros, y llama la atención que el tema descentralización no aparece destacado. ¿A qué lo atribuye Ud.? ¿Y qué recomendaría hacer para que el tema se tornara relevante?

No siempre la importancia de la descentralización ha sido reconocida por los propios habitantes de las regiones. La conmoción después del estallido ha dado paso a una agenda social e institucional en que este tema queda tapado por otros. Con el paso de los días, se volverá a hacer nítido el potencial participativo, de renovación de liderazgos y de desconcentración del poder político que ofrece el tema regional. Es de esperar que todos los que creemos en las virtudes y oportunidades del proceso tengamos la capacidad de expresar ese mensaje con eficacia y responsabilidad.