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Entrevistas a María Ignacia Jiménez Suarez y Violeta Montero Barriga, del Grupo de los 24
Por Jaime Gré, periodista, Director de Comunicaciones Fundación Chile Descentralizado
El Grupo de los 24 es una instancia coordinada por la Fundación Chile Descentralizado a la que concurren 24 personalidades de los más diversos ámbitos y territorios con el fin elaborar propuestas constitucionales para la Descentralización y la Participación, las que serán puestas a disposición de los actores del proceso constituyente, así como de los candidatos a Gobernadores Regionales.
El Grupo se conformó a fines del año pasado y tuvo su primera reunión plenaria a inicios de marzo del presente año. Funciona en siete comisiones temáticas: Visión de País y Modelo de Estado; Gobierno y administración Interior del Estado; Principios Constitucionales de Descentralización; Descentralización Fiscal; Principios Constitucionales de Participación; Tribunal Constitucional; Pueblos originarios y Territorios Especiales. Sus resultados, que se traducirá en una propuesta escrita, se esperan estén listos para octubre del presente año. Lo realizado hasta la fecha y la planificación del Grupo de los 24 se presenta en nota aparte, titulada: Grupo de los 24. Propuestas y Plan de Trabajo.
Para abordar el tema de descentralización y proceso constituyente invitamos a conversar a dos destacadas profesionales mujeres que pertenecen a este Grupo: Violeta Montero, lo hace en la comisión temática de “Principios Constitucionales de Participación”, y además colabora en la presentación de buenas experiencias que muestran de qué forma pueden hacerse mejor las cosas desde regiones; en tanto María Ignacia Jiménez participa en las comisiones temáticas de Gobierno y administración Interior del Estado y en la de Principios Constitucionales de Participación. Lo que sigue es la presentación de ambas y el interesante dialogo que sostuvimos con ellas.
María Ignacia es Trabajadora Social de la Universidad Católica, Magíster en Asentamientos Humanos y Medio Ambiente. Tiene una larga trayectoria en Desarrollo Territorial, Descentralización, equidad en y entre los territorios, equidad en la distribución del poder, pobreza, la que ha desarrollado desde diversas instancias y prácticas, tales como la Universidad, Municipalidades, el Estado Central y la Comisión Presidencial para la Descentralización, entre otras y, tanto en Chile como en Paraguay, El Salvador, Haiti, Guatemala entre otros países de Latinoamérica. Actualmente se desempeña en la Cooperación Internacional (GIZ) y en la Fundación Chile Descentralizado, como Vicepresidenta.
Qué implica fundamentalmente abrir un proceso constituyente o un nuevo pacto?
Estamos hablando de un tema político y esencialmente ético, o sea de cómo se distribuye el poder de modo de que las personas recibamos lo que tenemos que recibir, y demos lo que tenemos que dar en la construcción de la sociedad. Esto implica profundizar los procesos democráticos y la participación de tal manera que cada uno pueda tomar las decisiones que nos corresponden en el espacio más cercano que tenemos y, que cada uno pueda incidir directamente en lo que quiere que sea su vida, su entorno, su barrio, su futuro y el de sus más cercanos. Cuánto poder tengo para decidir sobre mi vida tiene que ver con cosas bien concretas cómo elegir a quienes me representan y también con fiscalizarlo, tiene que ver con que mientras más se concentra el poder más se invisibiliza la diversidad de quienes estamos lejos del poder
¿Qué aspectos debieran ser parte de la nueva constitución de forma de garantizar un proceso de descentralización solido e irreversible?
Para fortalecer la democracia regional y local, se requiere establecer en la constitución dos aspectos esenciales. Primero, establecer que nuestro país se estructura en torno a un Estado Descentralizado, y, segundo, instalar tanto Gobiernos Regionales como Gobiernos Locales de verdad, ya que los municipios actuales son administraciones locales. Y ello debe hacerse bajo ciertos principios que deben ser parte de la nueva constitución, entre los que destaco los siguientes: la prohibición tutelar de un nivel del estado sobre otro, o sea que lo que le corresponde hacer a cada uno, su responsabilidad no sea tutelado por otro; la subsidiariedad territorial, vale decir que un orden de cercanía se va resolviendo los temas, partiendo por el espacio más cercano a las personas, lo local y avanzando según se requiera hacia los niveles regional y central; la autonomía financiera, vinculada fuertemente a la posibilidad de recaudación de recursos y a que las competencias vayan asociadas al financiamiento requerido para desarrollarlas.
Y respecto de la participación?
Profundizar la participación requiere consagrar en la Constitución el derecho a la participación en los tres niveles del Estado, Local, Regional y central, dando con ello reconocimiento constitucional a la participación ciudadana en los territorios. De igual forma, la nueva constitución debe garantizar el derecho a la participación política y social en las diferentes áreas de la vida nacional como derecho incluyente de los grupos históricamente excluidos de los espacios de toma de decisiones públicas. Esto significa el derecho de intervenir, tomar parte y ser considerado por los órganos estatales en la generación de políticas, definición de prioridades y gestión de estas.
Qué implicaría aquello?
Implicaría la garantía a participar en condiciones de igualdad como candidatos en los cargos de elección popular, en acceso a los distintos puestos y funciones públicas en los poderes del Estado, asegurando la transparencia, las prácticas democráticas y la representación equilibrada de mujeres y hombres en este proceso. Esto también conlleva remover la desigualdad de acceso a los recursos económicos, una de las principales barreras de entrada que enfrentan las mujeres para ejercer su ciudadanía, en particular el derecho a ser elegidas.
Significa potenciar la política Regional, garantizando la representatividad territorial. Conocemos experiencias muy claras y explícitas de intervención de los partidos políticos nacionales, que con un brazo muy largo han desbancado las representaciones regionales y han impuesto sus candidatos.
Y en términos de las próximas elecciones de gobernadores regionales?
Es clave permitir que las decisiones se tomen en el lugar correcto y con quienes tienen que tomarse, lo que nos lleva también a considerar que debe consolidarse el Voto Programático y la Revocatoria de mandato. La ciudadanía tiene que conocer el Programa de Trabajo que los candidatos deben presentar y si eso no se cumple, si la persona en quien estoy depositando mi confianza no cumple aquello por lo que fue electo, los ciudadanos debiéramos contar con un mecanismo para pedir explicaciones al respecto. Además, la restricción de la permanencia en el poder podría permitir que otros se animen a entrar en este ámbito de representatividad.
PROCESO CONSTITUYENTE
¿Cómo se imagina o desea que fuera el proceso constituyente para que resulte funcional a fortalecer las identidades y desafíos territoriales, regionales y locales?
El proceso constituyente va a ser inédito, la paridad en los integrantes de los constituyentes marcará una diferencia. La presencia igualitaria de mujeres, permitirá que la percepción que las mujeres tenemos de nuestros territorios, de las desigualdades, de la distribución del poder, entre otros temas, sea incluida en el tipo de Constitución que nos regirá. Desearía que, en esa presencia paritaria de mujeres en el proceso constituyente, estuviera garantizado que las mujeres cuenten -durante el proceso- con aquellas posibilidades que les permitan participar en igualdad de condiciones. Por otra parte, pienso que el proceso no va a ser fácil, habrá quienes quieran que todo sea igual y se desarrolle al amparo de los partidos políticos tradicionales, y eso pondrá en riesgo la posibilidad de incidir de quienes no forman parte de esos círculos de poder. Estimo que debería ser un proceso esencialmente respetuoso de la expresión de las personas, que fue recogida tanto en el gobierno de la presidenta Bachelet, como en múltiples instancias de cabildos y reuniones ciudadanas a partir del 18 de Octubre. Adicionalmente, creo que debería contarse con la garantía de respaldo técnico, a través de equipo de especialistas en el tema, tanto juristas como no juristas, marcando el acento como decía al principio en que este es un acto político y ético, apoyado en la jurisprudencia, y, por último, me gustaría que hubiera un grupo de personas notables con las que se pudiera ir chequeando lo que se va construyendo. Ancianos y ancianas sabios, mujeres y hombres trabajadores, jóvenes y niños.
Cualquiera sea el resultado del proceso constituyente o la redacción definitiva de la nueva constitución, en el caso chileno se partirá de una gran asimetría histórica entre nivel central y regional. ¿Cómo debiera evolucionar eso en los primeros tiempos (10 años) para que la asimetría sea menor y el mayor poder sea traspase a regiones?
Claramente nos encontramos con una asimetría histórica de poder, de información, de condiciones de vida, etc., así como con un contexto histórico de desigualdad e injusticia social, territorial y en la distribución del poder, o sea política y ética. El territorio donde vivimos es donde accedemos a nuestros bienes y servicios, es donde ejercemos los derechos políticos y es donde desarrollamos nuestros proyectos de vida esencialmente.
En la etapa que se viene, o en el horizonte de tiempo que señala la pregunta, pienso que los mecanismos de control por oposición, de rendición de cuentas, la fiscalización de cumplimiento en el traspaso de competencias y recursos pasa a ser fundamental. Contar con instancias de transparencia y con garantía de probidad en la fiscalización es fundamental. Asimismo, creo necesario propiciar la instalación de Centros de Pensamiento Regionales de carácter público y asesor, que puedan contar con y producir información territorial, regional y local y participar de la elaboración de políticas públicas, esto es fundamental. Y, de igual forma, la organización sistemática de la ciudadanía, la organización de las comunidades, impulsada desde las instancias territoriales del estado y desde la sociedad civil, podría ser el eje para que esta asimetría de origen se vaya corrigiendo. Creo que estos tres aspectos que destaco permitirían -a través de control y transparencia, fortalecimiento de las capacidades ya existentes en los territorios y corresponsabilidad ciudadana– que se distribuya el poder de una nueva manera.
Qué espera la Fundación Chile Descentralizado del Grupo de los 24 ?
la Fundación Chile Descentralizado quiere colaborar a responder la pregunta sobre qué debe incluir la Nueva Constitución que garantice descentralización y participación. Por ello, asumiendo activamente su responsabilidad en el proceso descentralizador del país, ha convocado a un grupo de personas a trabajar en responder esta pregunta. Cada uno de nosotros hemos respondido de manera positiva y entusiasta a esta invitación, asumiendo nuestra propia responsabilidad en ser co-constructores del país que queremos. Creemos que es una oportunidad histórica de entregar a quienes resulten electos como constituyentes un conjuntos de propuestas que pensamos, con humildad, que podrían aportar algunos elementos que respalden las decisiones de quienes quieren, al igual que los 24 que integramos este grupo, un Chile Descentralizado y Participativo.
Violeta Montero es Doctora en Sociología por la Universidad Alberto Hurtado y Magíster en Política y Gobierno, mismo programa que dirige en la actualidad, en la Universidad de Concepción. Tiene una larga trayectoria profesional en proyectos de intervención, a nivel regional, provincial y comunal en distintos temas de desarrollo territorial.
Ha combinado su experiencia profesional con un trabajo académico que desarrolla en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Concepción, en el Departamento de Administración Pública y Ciencia Política. Desde este espacio, su foco ha sido la formación de liderazgo público a través de la formación de estudiantes de pre y postgrado. Sus líneas de investigación principales son políticas públicas, cambio político institucional, gobernanza y movimientos sociales.
¿Qué aspectos o puntos debieran ser parte de la nueva constitución para garantizar un proceso de descentralización sólido e irreversible?
Desde un punto de vista constitucional y en base a criterios técnicos y equitativos se debiese fijar un porcentaje de gasto público que debe ser administrado por las regiones. Este debe definirse con criterios técnicos, tratando de evitar las arbitrariedades políticas centrales, bajo el principio de no discriminación y sin interferencia de preferencias partidarias o ideológicas. Adicionalmente, pienso que se debe entregar a las regiones las potestades normativas, en todos los campos, salvo aquellos en que justificadamente se argumente que deben ser conducidos o realizados por el poder central.
Por último, en pro de la autonomía y gestión de políticas regionales, se debe favorecer la personalidad internacional de las regiones con la finalidad de que se puedan hacer convenios de manera amplia a nivel internacional. Esto, sin perjuicio de las relaciones diplomáticas a nivel nacional, que se conducen centralmente por el Estado.
¿Cómo se imagina o desea que fuese el proceso constituyente para que resulte en el fortalecimiento de identidades y desafíos territoriales regionales y locales?
La construcción de una nueva constitución significa la oportunidad de discutir nuevamente un pacto social, que ofrezca un sentimiento de legitimidad y nos represente como sociedad. De ser positiva la opción apruebo en el plebiscito, se iniciará un proceso de discusión de las bases y principios de que nos deben regir. Pienso que este proceso constituyente debe tener una primera etapa ampliamente participativa, que contemple la experiencia desarrollada en el 2017 (proceso de diálogos ciudadanos impulsado por M. Bachelet), pero principalmente, que tenga como referencia el interés y responsabilidad de participar en discusiones constitucionales, como vimos en el contexto del estallido social de octubre de 2019. Se evidenció ahí una disposición ciudadana a discutir temas políticos transversales y a conformar cabildos y encuentros autoconvocados, que resultaron interesantes, y que pienso se deben recoger y valorar.
En el desarrollo del proceso constituyente el rol que jugarán los miembros de la asamblea constituyente es clave. Contarán con un respaldo inicial, dado que son electos, pero deben estar a la altura de esta responsabilidad social y política. El rol que estos jueguen será clave para asegurar un proceso de discusión amplio y representativo. No sólo tendrán la tarea de asumir responsablemente -y con conocimiento- una discusión técnica, clave para nuestro país, sino también, tendrán la responsabilidad y oportunidad de impulsar y construir espacios de participación ciudadana que acerquen las discusiones a las personas y que permitan mayores niveles de conocimiento y adhesión al proceso.
El equilibro entre el saber técnico y el ejercicio político es fundamental para avanzar y desarrollar un proceso constituyente que nos permita construir un texto constitucional que tenga como base el respeto y consideración de los derechos humanos, pero sobre todo, con base y reconocimiento territorial.
¿Cómo considerar la perspectiva de género?… en el proceso de discusión y construcción posterior del texto constitucional.
Crecientemente en Chile, pero con fuerza e impacto a partir de las últimas movilizaciones en 2018, la agenda de género ha tomado un protagonismo que espero no disminuya. Se estableció una demanda transversal, a mayor respeto y reconocimiento de las desigualdades y abusos que viven las mujeres, lo que ha impactado espacios de educación superior, servicios públicos, entre otros y que espero siga proyectándose a cambios culturales en nuestra sociedad.
Durante el proceso constituyente debe haber una conciencia muy clara de esta base de politización, que con mas o menos intensidad, representa a las mujeres. Se aseguró paridad en la elección y representación de constituyentes, pero luego, viene el desafío de pensar un texto constitucional que considere e incorpore la perspectiva de género de manera explícita.
La elaboración del texto constitucional debe proyectar y permitir avances sociales significativos hacia el respeto y la igualdad, con la consagración plena de estos principios.
En el debate del texto constitucional habrá oportunidad de incluir la perspectiva en materias muy sensibles para la equidad, como por ejemplo en temas de familia. A mi juicio, sería deseable reconocer a la familia como núcleo de la sociedad y garantizar su protección por parte del Estado, pero se debe declarar que esta debe sustentarse en el respeto mutuo, así como también en la igualdad de derechos y deberes entre todos sus integrantes.
No explicitar aspectos como estos normalizan el trabajo doméstico hacia las mujeres y niegan la corresponsabilidad en las labores de cuidado de los hijos, contribuyendo a una sociedad con roles estancos, que perpetúan la desigualdad.
Considerando la asimetría histórica entre el nivel central y regional ¿cómo debiera evolucionar eso en los primeros tiempos para que la asimetría sea menor y el mayor poder se traspase a las regiones?
A mi juicio las regiones deben ir asumiendo progresivamente mas potestades en la medida que se fortalezcan las administraciones regionales y se generen políticas regionales robustas. Esto supone la existencia de partidos políticos que construyan propuestas programáticas, con miras a la región, y que se cuente con una ciudadanía empoderada, con conocimiento de los procesos políticos y que tienda a la deliberación, la responsabilidad y el bien común. Deben definirse con claridad las potestades, en distintos niveles inter gubernamentales, y definir mecanismos de resolución de conflictos ante problemas que inevitablemente van a ir surgiendo en los procesos de gestión pública.
A nivel de gobierno, se requiere voluntad política e inicialmente mayor apoyo técnico, especialmente a nivel comunal y provincial, con el fin de que puedan contar con las competencias necesarias para diseñar y ejecutar políticas públicas a su nivel y en respuesta a sus reales necesidades. Los procesos de centralismo son efectivamente objetivos, pero también tienen una raigambre cultural y hasta psicológica. Se requiere formar capital humano avanzado con un fuerte componente técnico así como también con la voluntad y disposición a ser actores para la toma de decisiones locales y construcción de acuerdos políticos.
Para que el proceso constituyente en los territorios sea consistente y eficiente es necesario un liderazgo político-cultural (no técnico) que surja de los territorios regionales ¿cómo ve ese proceso? ¿en qué etapa estaríamos?
De acuerdo a los datos recogidos en el último estudio del “barómetro regional” sabemos que los niveles de conocimiento e involucramiento ciudadano en torno a temas políticos, y específicamente a los vinculados con el proceso de descentralización y elección de gobernadores regionales, es bajísimo.
Creo que tenemos un desafío muy grande en relevar y mantener el interés por discutir sobre política, tal como ocurrió en el mes de octubre de 2019. Existe un déficit de formación ciudadana que ha sido descrito por muchos actores del mundo político y académico, en torno a lo cual podemos contribuir. Mayores niveles de información, pero también promover más compromiso para pensar las regiones es una tarea clave para que nuestro proceso de descentralización sea sólido y sostenido en el tiempo, desde un punto de vista político-cultural.
Nuestras elites regionales también tienen desafíos importantes a asumir en un escenario donde hay demandas claras de profundización democrática. Las tradicionales prácticas políticas tecnocráticas, sin reconocimiento ni valoración de la opinión ciudadana son crecientemente cuestionadas. Si los actores políticos tradicionales no asumen lo anterior, tendrán pocas opciones de representación de la ciudadanía. Asimismo, ante un escenario de construcción de propuestas programáticas para las elecciones, quienes deseen ser candidatos a gobernadores regionales tienen la tarea de construir propuestas con bases sólidas de información, respecto de los principales problemas y oportunidades regionales. Aún, en ese aspecto, tenemos mucho que avanzar para construir ecosistemas que permitan registrar y procesar información clave y útil para las regiones, en clave de políticas públicas.
¿En qué tema participa del Grupo de los 24 convocado por Chile Descentralizado?
Acepté la invitación a participar en el G24 por la convicción y deseo de visibilizar una agenda territorial pro-descentralización. Valoro la experiencia y constancia del trabajo desarrollado por los miembros de “Chile descentralizado..” y creo que tenemos la responsabilidad de profundizar en estas reflexiones, y sobre todo, la oportunidad, de pensar nuevos equilibrios para nuestro país en un escenario de elaboración (o reformas) a nuestro actual texto constitucional. Es una oportunidad histórica que no debemos dejar pasar.
Participo en el grupo “Principios Constitucionales de Participación” pues tengo la convicción que tenemos que avanzar como país en brindar mayor formación ciudadana, con el fin de abrir y promover más interés y responsabilidad de incidir en la acción pública.
Nuestra actual crisis de legitimidad se basa, en gran medida, en la distancia y déficit de representación de las autoridades políticas con la ciudadanía. Si tenemos una ciudadanía más activa e involucrada, teniendo en la base el bien común y la deliberación pública, podemos avanzar hacia mejores relaciones y construcción de políticas públicas representativas y sustentables. Falta mucho para eso, pero tengo la convicción que debemos avanzar.
Adicionalmente, para el trabajo en el G24 estoy colaborando en la presentación de buenas experiencias que muestran de qué forma pueden hacerse mejor las cosas desde regiones. Interesa exponer con ejemplos, que la búsqueda de soluciones a ciertos problemas locales pueden enfrentarse mejor con más autonomía temática y presupuestaria. Hay muchos ejemplos virtuosos de los cuales podemos aprender y proyectar.
Grupo de los 24
Propuestas Constitucionales de Descentralización y Participación
Seleccionadas por el Grupo de los 24 en su primera reunión plenaria (Santiago, 04.03.20) para su desarrollo por siete Comisiones Temáticas y posterior aprobación por pleno del Grupo
Comisión 1. Visión de País y Modelo de Estado. Coordinador: Humberto Nogueira.
- Visión de País
- Modelo de Estado: unitario descentralizado
Comisión 2: Gobierno y administración interior del Estado. Coodinador: Egon Montecinos
- Regiones; Provincias; Comunas
Comisión 3: Principios Constitucionales de Descentralización. Coordinador: Maximiliano Duarte
- Principio de Autonomía:
- En la elección de sus autoridades por la ciudadanía.
- En la administración de sus recursos económico-financieros y el derecho de contratar empréstitos y a aplicar impuestos conforme a la ley.
- En el ejercicio de sus competencias y atribuciones.
- En el ejercicio de las facultades normativas en el ámbito de sus competencias.
- Principio de Subsidiariedad territorial (o “primacía de lo local”, o “proximidad ciudadana”)
- Principio de diferenciación territorial
- Principio de prohibición de tutela.
- Principio de Coordinación:
Comisión 4: Principios de Descentralización Fiscal. Coordinador: Ismael Toloza
- Principio de equidad y solidaridad interterritorial
- Principio de suficiencia en el financiamiento de competencias
- Principio de interdicción de la arbitrariedad presupuestaria
Comisión 5: Principios Constitucionales de Participación. Coordinador: Rodrigo Márquez
- Principio de Derecho a la Participación
- Principio de Corresponsabilidad
Comisión 6: Tribunal Constitucional. Coordinador: Tomás Jordán
(definición de materias de control de constitucionalidad por parte del Tribunal Constitucional)
Comisión 7: Pueblos Originarios- Territorios Especiales. Coordinador: Juan Andrés Varas
Plan de Trabajo: Etapas
(Estimativo, ajustable según evolución de emergencia sanitaria y disponibilidad de recursos)
Etapa 1: Selección de principales Propuestas Constitucionales (títulos) a ser abordadas por el Grupo. Aprobada: 4 de marzo 2020 (susceptible de ser ampliada durante desarrollo del proceso)
Etapa 2: Desarrollo de propuestas por Comisiones Temáticas y sus Coordinadores, conforme a formato común: Título; Descripción Conceptual; Fundamentos; Referencias (incluye comparadas); Observaciones. Marzo-Abril 2020.
Etapa 3: Integración de Propuestas por Comité Editorial: Heinrich von Baer (Presidente Fundación Chile Descentralizado, Académico IDER-Universidad de La Frontera), y Coordinadores de siete Comisiones). Mayo 2020
Etapa 4: Análisis y aprobación de Propuestas por pleno del Grupo. Junio 2020
Etapa 5: Publicación de documento. Julio 2020
Etapa 6: Elaboración de textos jurídicos de propuestas. Julio-Agosto 2020
Etapa 7: Aprobación de Informe por pleno G.24. Septiembre 2020
Etapa 8: Publicación de Informe (formato policy paper): Octubre 2020
Etapa 9: Difusión de Propuestas: a precandidatos a Convencionales Constituyentes; Senadores, Diputados; Partidos Políticos; Centros de Estudio, Medios de Comunicación. Noviembre 2020