Afortunadamente este escenario se encuentra en proceso de cambio, gracias a las reformas aprobadas el año 2017 las que pronto debieran implementarse con el traspaso de nuevas competencias y recursos a comunas y regiones y con la elección de los gobernadores regionales, ahora definida para el 11 de abril de 2021 por acuerdo unánime del Congreso Nacional.

La crisis mundial que hoy enfrentamos con el Covid 19, y la crisis social en Chile que se arrastra de octubre 2019, nos demanda avanzar a un proceso de descentralización más rápido de lo proyectado. En situaciones de emergencias, catástrofes, u otras crisis, que requieren de decisiones de corto plazo en cada territorio, se evidencia la necesidad de actuar de manera rápida, eficaz y eficiente, en beneficio de cada comuna; en salud, educación y bienestar general de la ciudadanía.

Este es un compromiso país en el que todos somos importantes: requiere de la empresa privada, las organizaciones sociales, el sistema educativo en todos sus niveles y de la comunidad en general. Las instituciones de educacion superior, especialmente aquellas de ubicación y vocación regional, tienen la gran responsabilidad de enriquecerlo desde el pensamiento crítico, disciplinario e interdisciplinario, aportar con la formación de capital humano calificado, con conocimientos y destrezas globalmente competitivas a la vez que pertinentes a las oportunidades y necesidades regionales. En ello es fundamental la detección de las fortalezas y debilidades de cada región, el aporte al pensamiento estratégico territorial y de conocimiento contextualizado a las oportunidades y problemáticas del desarrollo de nuestro entorno cercano.

Para esa dinamización desde los espacios locales propongo vincular en forma más directa las potencialidades y culturas locales con los diferentes niveles del sistema educativo, con el objetivo de identificar e insertar en la educación parvularia, básica, técnico-profesional y universitaria de cada comunidad local y regional las respectivas potencialidades de su entorno natural, productivo, social y cultural. Esta contextualización es aplicable a cada localidad del territorio nacional y compromete la interacción colaborativa de las principales instituciones responsables del desarrollo de la respectiva comuna y región. Las modalidades de entrega podrán combinar programas a distancia, presenciales y semipresenciales.

Mediante estas y otras contribuciones las instituciones de educación superior, empresas públicas y privadas, corporaciones, fundaciones, entre otros, tenemos la oportunidad de aportar al progreso y bienestar social de las comunidades y territorios en los que estamos insertos y a cuyo desarrollo nos debemos, añadiendo significado, sentido y valor a nuestra producción académica, al avance del proceso de descentralización y al desarrollo colaborativo de nuestros territorios y del país en su conjunto.

Chile necesita de sus regiones para desarrollar su máximo potencial. Por eso estimo que el mejor regalo que le podemos hacer a nuestras regiones en su día, es unirnos como país por este gran objetivo, enfrentar esta crisis aportando lo mejor de cada estamento en su territorio, contribuyendo desde cada una de las instituciones lo mejor de nuestro respectivo rol y capacidades.

En este último caso, son más de 160 los alcaldes y alcaldesas de Chile, los que exigieron al Gobierno decretar cuarentena obligatoria. Alcaldes desde Arica y Parinacota a Magallanes, firmaron una misiva, a la que cada día se fueron sumando más ediles exigiendo esta medida clave para el control del COVID-19.

Arica fue uno de los primeros municipios en Chile en decretar la cuarentena preventiva. Dicha acción no fue considerada por autoridades regionales y nacionales, pero detonó que hoy sean cientos de municipios los que están replicando la misma acción. Sin embargo, ello no es suficiente, pues solo el Presidente de la República es quien puede tomar esta medida a nivel nacional.

Cabe preguntarnos: ¿Cuántos recintos con las características de Espacios Riesco existen en cada región? Probablemente la respuesta es que muy pocos de los 345 municipios posean espacios de esa envergadura, denotando una disparidad de recursos e infraestructura en las regiones y en municipios.

Si la realidad social se conoce y reconoce de mejor manera a nivel local, es un desperdicio que no se tomen en consideración los conocimientos que poseen los municipios y las regiones construidos en el relacionamiento directo con sus habitantes. Por colocar un ejemplo, la Municipalidad de Arica ha solicitado la realización del examen de COVID-19 de manera preventiva, contrario a lo que ha indicado el Ministerio de Salud desde el centro del país.

Como región, por años hemos sido un cordón fitosanitario para el resto del país. En los ´80 aviones fumigadores vertieron químicos en nuestros barrios, casas y campos buscando eliminar la mosca de la fruta en beneficio de la agricultura del país, generando algunos efectos nocivos para la región.

En Arica tenemos la convicción y entendemos que la salud es un derecho humano irrenunciable, por ello, y conociendo la realidad local para la toma de decisiones, aplicamos planes de vacunación a todas las personas sin importar donde nacieron, entendiendo la salud pública como el bien superior.

Hoy más que ayer se hace necesario fortalecer y avanzar en el proceso descentralizador de Chile, el actual contexto de pandemia ha llevado a algunos sectores a proponer la idea de posponer las elecciones de gobernadores, es una nueva muestra de que existe una voluntad de mantener el poder en unos pocos y de forma centralizada, una voluntad que no responde a los tiempos que vivimos, en que desde nuestra especificidad local, podremos responder de manera más oportuna y pertinente a los devenires de nuestra realidad social.

Hemos visto en Tarapacá y otras regiones, el bloqueo de pasos fronterizos, de carreteras hacia localidades rurales habitadas principalmente por población adulta mayor, con apoyo de sus autoridades comunales, en un intento de establecer una cuarentena más estricta. En el análisis aparece la reflexión en torno a la debilidad de nuestro sistema de salud regional (público y privado), la precareidad de equipamiento, la escases de especialistas, los conflictos internos de un hospital regional que con dificultad logra certificarse, la alta rotación y baja mantención de los profesionales en los sistemas de atención primaria y secundaria. Por otra parte, el suministro y abastecimiento en “pueblos rurales” depende muchas veces de un servicio y comercio formal e informal frágil, “si se enferma el panadero no hay pan en el pueblo” y “si el almacén cierra, ya no hay donde comprar”, evidenciando que el centralismo regional también es agobiante. Y si el centralismo regional no permite reconocer y actuar en consideración de realidades particulares de una provincia como Tamarugal… menos lo hará La Moneda.

En el día de las regiones (31 de marzo), con decepción observamos intentos por detener una mejor distribución del poder a las regiones, la elección de sus gobernadores y avanzar resueltamente en el traspaso efectivo de competencias y en legislar sobre rentas regionales. Quienes han pretendido obstaculizar que las regiones contemos con mayor autonomía para forjar nuestras propias políticas regionales y tomar medidas oportunas ante las situaciones vividas, están atentando contra nuestras comunidades regionales y locales y agravan aún más el descrédito del actual sistema político organizado y conformado bajo la Constitución vigente.

En Tarapacá, somos una región transfronteriza que se tiñe de características muy particulares, mas allá de tener uno de los porcentajes más altos de población migrante, nos caracteriza nuestra multiculturalidad y raíz originaria, una alta población flotante producto en parte de su carácter minero, que hoy aparece como amenaza de salud pública. Somos también ZOFRI, comercio (formal e informal), patrimonio y turismo… con dolor hemos aprendido, que debemos construir una nueva forma de relacionarnos como ciudadanos, con más igualdad de oportunidades y solidaridad, en donde la acción colectiva y descentralizada nos permita enfrentar con mayor pertinencia no solo las necesidades de nuestra región y sus comunidades, sino también sus sueños de desarrollo. Por ello, en esta fecha del día de las Regiones, seguiremos levantando las banderas de la descentralización y un orden constitucional que la garanticen.

En ese escenario, aparece insólito que algunos sectores, al día siguiente de una decisión parlamentaria tan clara y rotunda, aparezcan promoviendo la postergación de la elección de gobernadores regionales para juntarla con la elección presidencial de 2021, intento detrás del cual no se divisa un interés general de la Nación.

La elección de gobernadores regionales constituye una manera concreta y necesaria para seguir profundizando en la democratización de nuestro sistema político y el mejoramiento de la gobernanza de nuestras regiones, con el fin de impulsar el desarrollo económico y social, terminando con las desigualdades de todo tipo, hacia un desarrollo real y territorialmente igualitario.

Alcanzar este propósito, esto es, acelerar el proceso de descentralización, es el espíritu de dos leyes orgánicas constitucionales ya dictadas en el año 2018, la ley de fortalecimiento de los gobiernos regionales, que incluye el proceso de transferencia de competencia, aparte de las que ya se han entregado a las regiones, y la ley de elección de gobernadores, que establece que estas autoridades se elegirán conjuntamente con consejeros regionales, concejales y alcaldes, estableciendo una clara distinción histórica, es decir, elecciones nacionales para presidente y parlamentarios en una oportunidad y elecciones regionales en otra. De esta manera, se establecen dos procesos, uno que involucra a toda la Nación y otro que compete a un ámbito específico, la región y las comunas, donde elegimos considerando aspectos distintos, como la cercanía y, en muchos casos, el conocimiento personal de los candidatos.

Este espíritu fue ampliamente ratificado en la votación del Congreso el martes pasado, casi la unanimidad de sus integrantes fijó la elección de gobernadores regionales, alcaldes y concejales, para abril de 2021. ¿Cuál es la razón o el espíritu que anima a quienes quieren revisar esa decisión democrática? Me gustaría saberlo.

Al mismo tiempo hemos visto como se han exacerbado las miradas centralistas replegándose el gobierno y dejando a los actuales intendentes en algunos casos como espectadores de las decisiones centrales, incluso las comunicaciones y lo que se informa es centralista, desde el estallido social prácticamente desaparecieron las noticias regionales en la televisión, al menos en Valparaíso, la gran mayoría de los sistemas de información en Chile están determinados de esta manera “centralista”, y el manejo de la información de esta crisis no es una excepción, por esto hoy no se maneja información precisa comunal, que pudiera dar pie a intervenciones focalizadas y a escala local.

Junto a lo anterior también hemos observado en estos últimos 6 meses cambios explícitos en la manera de relacionarnos con nuestro entorno el estallido social no ha dejado a nadie indiferente y en este último proceso de incertidumbre y cuarentena todos estamos involucrados, de una o de otra manera nuestras costumbres cotidianas ya no son las mismas, o al menos no deberían serlo, los territorios que se acercaban a través de la infraestructura de conectividad una vez más se alejaron, la escala humana inunda las redes sociales, hemos experimentado en carne propia el valor de la “cercanía”.

En este escenario donde sin duda surgirán nuevos paradigmas, Alicia Bárcena secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y El Caribe (CEPAL), de Naciones Unidas establece que “Ante el cierre de fronteras y la reducción del transporte, será importante apuntar hacia la integración y la autosuficiencia regional”, es cierto que ella también se refiere con esto a los vínculos entre los países de América Latina, sin embargo, pone de manifiesto la necesidad de algún grado de autonomía regional para autoabastecerse para enfrentar cercanamente esta crisis y la recesión global que post crisis afectara a nuestros territorios, probablemente en nuestro país se acentúe la inequidad.

Una de las preguntas que surge es ¿Se puede responder a este desafío desde nuestro exacerbado centralismo? La respuesta es “no”, pues esto requiere de propuestas regionales o macro regionales que nos aseguren la incorporación de las realidades regionales, y no contamos con los marcos regulatorios ni presupuestarios que nos lo permitan, ni la autonomía necesaria para implementarlas, los procesos desconcentrados que Chile ha establecido a lo largo de la historia, son frágiles y con múltiples ejemplos de “prueba y error”, estos sin duda no rescatan las realidades regionales.

Muchas organizaciones entre otras la OCDE ha establecido en los diversos diagnósticos que ha desarrollado para nuestro país que “Chile no será desarrollado si no es descentralizado”, a lo que hoy agregaría que se dificulta salir de estas crisis si no se avanza derechamente en el fortalecimiento de la descentralización.

Bárcena a partir de las proyecciones que CEPAL hace de los efectos del COVID 19, también establece que, no obstante, la conectividad digital nos permite y permitirá estar conectados, “la globalización post crisis, no será de cadenas de valor” como lo había venido siendo, agregando que “lo que va a ser más importante será el cambio en los modos de producción y en los modos de consumo”. Esto no podrá tener una respuesta centralizada, deberemos hacer un esfuerzo desde las regiones para abordar estos nuevos desafíos de manera sostenible, esta es una tarea regional y si no lo es hoy deberá serlo, para asegurar la sostenibilidad del desarrollo que se proponga.

En el dia de las Regiones más que nunca debemos reflexionar sobre el futuro de nuestros territorios, dado que Chile a propósito del estallido social y de la posibilidad de una nueva constitución o cambios profundos a la existente y también dada la vulnerabilidad que nos instala esta pandemia que presiona nuestros precarios sistemas volviéndonos a todos más vulnerables, no será el mismo después de esta crisis.

Por esto no debemos perder de vista que la descentralización es un imperativo ético y razonable para desde ahí abordar todos los inmensos desafíos que tendremos. En un instalado pesimismo debe surgir una mirada optimista, esta crisis constituye una gran oportunidad para propiciar un desarrollo igualitario, sostenible y a escala humana, desde las propias regiones.

En nuestro país, lamentablemente, las fracturas sociales evidenciadas el 18-0 -segregación social y espacial, odiosas diferencias en el acceso a la salud y a las pensiones, en especial para los adultos mayores de menores ingresos- se profundizarán con la pandemia del Covid 19. Ello tensionará aún más nuestra ya precaria convivencia nacional, y presionará la discusión de los cambios necesarios en nuestro pacto social.

La crisis sanitaria en lo inmediato requiere de una gestión muy bien coordinada del sistema de salud y productivo nacional, que no debe descuidar las ansiedades y preocupaciones de la ciudadanía en sus diversos entornos locales y territoriales. La crisis sanitaria toma distintas intensidades y formas dependiendo del territorio que se trate. Es claro que no es lo mismo enfrentar la pandemia en el sector oriente de Santiago que en los sectores populares de la Región Metropolitana, o en los sectores rurales de la Araucanía o del Maule, y se debe procurar que las distintas intensidades que se registran en cada localidad sean recogidas adecuadamente por los encargados de enfrentar la emergencia sanitaria y sus consecuencias en términos productivos y de empleo.

La superación de la crisis social, por su parte, también depende de que las acciones para enfrentar la crisis sanitaria y sus consecuencias sean efectivas y bien distribuidas en la población nacional. En caso contrario la fractura social se agravará aún más. Pero enfrentar la crisis social en sus componentes de fondo requiere de una mirada de como se desarrolla el país. Se requiere un proceso de cambio selectivo, que no eche por la borda lo bueno que se ha desarrollado en las últimas décadas -una economía relativamente moderna conectada con el mundo, disminución de la pobreza, instituciones públicas profesionalizadas- pero con mejoras urgentes en justicia social -acceso de mayor calidad y cantidad a salud y pensiones, más calidad en la educación-, y una economía que desarrolle nuevos sectores productivos, intensivos en trabajo calificado, conocimiento y tecnología.

Las opciones de mejor salud, educación, nuevos sectores productivos, deben desplegarse para todos los ciudadanos en el conjunto del país. Para ello se requiere una institucionalidad pública regional con atribuciones y recursos para apoyar a las organizaciones y empresas que se desenvuelven en sus territorios. Así también, se tornará imprescindible la sociedad civil local que vele por los resultados de los recursos públicos y el comportamiento de la burocracia.

De este modo, así como para enfrentar la crisis sanitaria en lo inmediato se requiere una gestión político-técnica asertiva que recoja las distintas dinámicas locales, la superación del quiebre social a través de un desarrollo más inclusivo país requiere de un proceso efectivo de descentralización política y social.

En la ocasión, las diversas regiones trataban de representar sus principales características culturales, productivas, sociales y de infraestructura. Algunos llegaron con muestra de gastronomía, otros con muestras culturales, y en el centro de ese espacio recuerdo que había una presentación gráfica de las principales obras de inversión por desarrollar en ese período presidencial en cada región del país, la idea era convocar a empresas de ingeniería y construcción para que apreciaran los desafíos de cada región en términos de infraestructura.

Había espacios para charlas técnicas sobre el proceso de descentralización que se llevaba a cabo en aquel entonces, a veces interrumpidos por el fuerte ruido exterior de las salas dispuestas para tal propósito, dado que afuera había una mezcla de muestras culturales y folclóricas que se presentaban en un espacio destinado a las expresiones de carácter más local.

Cerca del mediodía, con la presencia de los intendentes regionales, consejeros regionales que viajaban de todas las regiones, y por supuesto que con la presencia de la Presidenta de la República, Michelle Bachelet, se daba por inaugurada la jornada de ese primer día de lo que era la “Expo Regiones 2015”.

La mezcla de expresiones culturales, de información turística, de información sobre las características de cada región, trajes típicos y un sinfín de representaciones daban la sensación de un evento festivo, al que comenzaba a visitar la gente de la ciudad de Santiago. Bastó con que la primera persona preguntara sobre el precio de las cosas que estaban en el stand para darme cuenta que la “Expo” no encajaba con lo que habitualmente se presentaba en este importante centro de eventos, y comprender así que lo que cada región trataba de hacer era un esfuerzo desesperado de mostrar sus atributos, desde diversas perspectivas, desde lo económico, social, cultural, turístico, entre otras formas. Algo pasó, algo no entendimos como regiones, algo no entendió la SUBDERE al convocar a un evento con múltiples objetivos, algo no entendía la gente común que nos visitaba preguntándose por qué estábamos ahí, muchos de ellos no entendían por qué se hacía una “Expo” de regiones, en Santiago, donde no podían comprar un poco de cada región para llevar.

Luego de esa actividad me quedé con la sensación que esa actividad respondía más bien a un intento de SUBDERE por relevar el rol de las regiones en el desarrollo del país, pero con “bajadas” que no se comprendieron, resultando una actividad que no aportó mucho a las regiones presentes (todas las regiones del país). No supe si se concretaron negocios en los desafíos de infraestructura pública para ese período de gobierno, no supe si producto de esta actividad se visitaron más regiones por los “santiaguinos” que visitaron la exposición, no supe del impacto para nuestra región a propósito de esta actividad… pero sé que hubo muchas fotos que se divulgaron en los portales del gobierno en esos días.

Al año siguiente ya no se volvió a hacer la Expo Regiones. Por diversos motivos, la agenda política estaba gobernada por las permanentes odiosidades entre gobierno y oposición… las regiones no volvieron a Santiago a celebrar su día.

¿Qué de esta experiencia puedo apreciar en la actualidad? La principal es que las regiones no pueden celebrar en Santiago, entendiendo a esta expresión como el lugar donde se sitúa el Centro Político del país, porque Santiago también se localiza en una región, pero en unas pocas cuadras de la ciudad se siguen tomando decisiones importantes para todo el territorio nacional.

Basta ver cómo en la actual emergencia internacional de la Pandemia por el COVID-19 las autoridades locales, como los alcaldes, chocan permanentemente con las autoridades designadas en las regiones (Gobernadores e Intendentes), e incluso con ministros y el propio Presidente de la República.

Hemos visto (nuevamente) cómo las autoridades locales, electas por la ciudadanía, son las que más conectadas están con los problemas de la gente en la actual situación de emergencia. Hemos visto incluso cómo los consejeros regionales han ido avanzando en proponer mecanismos para disponer de mas recursos para municipios y servicios públicos, porque entienden, de primera fuente, la dimensión del problema en cada una de las regiones y en sus territorios. Las autoridades designadas pierden sistemáticamente valor en la ciudadanía, es lo que ocurre con los intendentes. Lamentablemente la espera será un poco más larga para que el escenario actual cambie, puesto que ahora las elecciones de Gobernador Regional se realizarán el mes de abril de 2021… las regiones han esperado mucho tiempo, espero que los meses adicionales en el retraso de la primera elección de autoridades regionales no pase a un estado de permanente postergación, como algunos esperan aún que ocurra… y mientras tanto ¿El día de las Regiones? Será una fecha donde no hay mucho que celebrar aún.

Insólito.

Pues precisamente ambos eventos evidencian la necesidad de asumir decisiones territoriales eficaces, aunque obviamente coordinada con las nacionales.

No es el primer intento, pero es el más peligroso. Los detractores de la descentralización saben que esta es su última oportunidad.

Nosotros, confiando en las instituciones y en la clase política hemos instado desde hace ya meses a la ciudadanía del Maule a participar con propuestas en el proceso constituyente, y promoviendo la confección de programas en las candidaturas a Gobernadores Regionales, como ha sido la creación de “Regiones Inteligentes” dirigidos a potenciar la gobernanza territorial que Chile necesita.

Sin embargo, aprovechándose con ponzoña de los dos eventos en comento se han propalado insólitas declaraciones de algunos parlamentarios y alcaldes de la Región del Maule, también de la Metropolitana, que evidencian maquinaciones para desplomar lo que el Congreso Nacional aprobó con la casi unanimidad de los Senadores y Diputados y se promulgó a comienzos de 2018.

En estas circunstancias, instamos encarecidamente a los parlamentarios maulinos a cumplir la palabra empeñada; y a la sociedad civil organizada maulina a detener tan perjudiciales propósitos para nuestra región.

Es fundamental por tanto, que:

1. Parlamentarios maulinos comprometan a viva voz, y voto su apoya a las elecciones de gobernadores, jamás para postergarlas.
2. Alcaldes, asociaciones de municipios, consejeros regionales, concejales, neutralicen los “aullidos de lobos de mar” del centralismo, y de representantes electoreros que sacan jugosas cuentas para su tendencia o sector si se postergan las elecciones.
3. Precandidatos a gobernadores regionales de todos los sectores denuncien tal maniobras dilatoria que perjudican sus opciones de llegar a conducir al Maule.
4. Los medios de comunicación regionales comprometidos fundamenten la urgencia de esta elección a las luz de lo experimentado en los eventos desde el 18 de octubre, y la actual crisis de pandemia.

En definitiva, debemos estar plenamente conscientes que la descentralización que se apruebe en la nueva Constitución, y el fortalecimiento de la gobernanza regional, serán muy distintos si en 2021 hay o no gobernadores regionales electos.

En suma, no podemos decaer aún en estos instantes de pensando que la elección de gobernadores está asegurada pues, si se posterga, retrocederemos años en la democracia y el desarrollo de nuestras regiones.

En gran medida, esa es ahora nuestra responsabilidad como genuinos forjadores del desarrollo para cada maulina y maulino.

Desde esa óptica, entendiendo el escenario de incertidumbre y la fragilidad socioeconómica de regiones que han sido largamente postergadas por las visiones más centralistas, es indudable que los territorios regionales sufrirán efectos humanos, sociales y económicos cuya magnitud todavía es difícil de ponderar.

En el caso de Ñuble, se trata de una región nueva y pequeña, creada oficialmente desde las 00:00 horas del jueves 6 de septiembre del año 2018, separándose definitivamente de la Región del Biobío. Dicho hito de independencia se presentó en un momento muy positivo para la descentralización de Chile, puesto que el mismo año en que la Presidenta Michelle Bachelet firmaba el decreto para la creación de esta novel región, también se publicó la Ley 21.073, que regula y permite la elección de gobernadores regionales.

Seguramente la primera gran crisis que enfrenta Ñuble como territorio autónomo es la del Covid-19, siendo en términos proporcionales la región más golpeada del país. Pensemos solamente en que nuestra región cuenta con tan sólo 480.609 habitantes y una superficie total de 13.178,5 km² y, sin embargo, en las cifras diarias proporcionadas por el Ministerio de Salud, bordeamos permanentemente el 10% del total de enfermos confirmados del territorio nacional.

Si analizamos la estructura social y económica de Ñuble, con todavía niveles importantes de pobreza, asimetrías entre nuestros territorios urbanos y rurales, problemas estructurales en el sector productivo y mercado del trabajo, nos parece que estamos frente a una situación realmente grave, que va a significar un gran esfuerzo del Estado y de todos los agentes regionales en los tiempos de post crisis, para redireccionar el impulso de estos dos primeros años. Es importante considerar que Ñuble está aún en su etapa de primera infancia, con un nivel de independencia incipiente y con grados de madurez institucional por debajo de nuestro potencial.

En momentos en que el Fondo Monetario Internacional (FMI) acaba de declarar que la economía mundial entró en recesión y que será más profunda que la del año 2009, el desafío de Ñuble y de todas las regiones será inmenso, implicando una reasignación de prioridades, profundizando los niveles de descentralización y actuando con unidad y grandeza por un fin común: alcanzar mayor bienestar y progreso para todos sus habitantes.

Se trata de un problema antiguo ¿qué es lo nuevo entonces? La coyuntura constitucional, desde luego, abre el espacio para una transformación profunda y rápida del Estado, a nivel territorial. Lo anterior despierta viejos fantasmas en algunos; en los territorios, en cambio, surge la esperanza de concretar, en un momento virtuoso, avances postergados ya por demasiados años.

El debate es de fondo; no se trata solo de sumar algunas atribuciones y recursos y declarar el problema resuelto. Hay varios paradigmas en juego, que conviene revisar. En primer término, la unidad de la nación chilena, “amenazada” por las voces que hablan de plurinacionalidad. Sobre la primera idea se construyó el país, desde los albores de la república. Sobre la base de negar la diversidad étnica de diversos grupos que habitaban el país, como base de una identidad política. La nación chilena, basada en una homogeneidad supuesta, requirió de mucha pedagogía cívica, entre símbolos patrios, rituales republicanos y educación pública. Su realidad y conveniencia futura es uno de los temas que surgirán.

El territorio entrará también a debate. Chile nació invocando la herencia de los títulos de España sobre la porción de tierra americana que formaba parte de la antigua Capitanía General; incluso de aquellos terrenos todavía desconocidos o inexplorados, en la Patagonia y la misma Antártida. Ya habría tiempo después de ocupar e instalar el Estado en espacios sin utilidad económica ni capacidad demográfica para el joven país. La mirada se fijó primero en el Norte, atraida por la riqueza minera. Las guerras con nuestros vecinos tuvieron la consecuencia de ampliar el territorio y asegurar hasta hoy significativos recursos al erario. Contribuyeron, además, a consolidar la autoimagen de “un pueblo guerrero”, a la que se asocia la identidad del roto chileno. Los territorios de los pueblos indígenas fueron incorporados a ese Chile único e indivisible.

Vivimos un siglo XIX complejo y cargado de transformaciones y conflictos. La consolidación estatal le costó a Chile nada menos que cuatro guerras internacionales y cinco guerras civiles, si contamos las guerras de independencia, que tuvieron ese doble carácter. Para administrar el joven Estado, se optó por el expediente de una fuerte y temprana centralización. Fue exitosa en muchos aspectos, pues el país alcanzó niveles interesantes de consolidación política, progreso económico, educación y avance cultural, en el contexto regional americano. Las provincias y los pueblos originarios, sin embargo, fueron quienes pagaron un mayor costo por la construcción del Estado “fuerte, centralizador”, que proponía Diego Portales. El legado de esta época, en síntesis, son los conceptos sobre los cuales se construyó nuestra identidad como nación: un territorio indivisible, una nación única, un país de ciudadanos iguales ante la ley; o sea, sin autonomías, cuotas ni estatutos especiales.

A dos siglos de esas definiciones iniciales, hoy estamos ad portas de revisarlo todo. Hay que enfrentar la discusión sin prejuicios ni temor. El desafío es construir juntos el edificio constitucional que habrá de albergarnos, con arquitectura y herramientas del siglo XXI. La chilenidad se enriquece en la diversidad. La promesa con que nació la república, de un país unido, con igualdad de oportunidades y autonomía, demanda una condición: que los ciudadanos de regiones asuman la responsabilidad de conducir el destino de sus territorios. Aprovechemos la coyuntura para avanzar ¡ahora sí! hacia un país realmente descentralizado.

En esta nueva conmemoración del Día de Las Regiones, podemos decir que Chile continúa siendo uno de los países más centralizados del mundo, y peor aún, nos ha tocado ver en la actual crisis sanitaria como las instituciones centralizadas tardan en llegar a los territorios, con decisiones que demoran la efectividad para frenar los diversos problemas acarreados ante la emergencia. Hoy en cambio, hemos visto que han sido las Municipalidades quienes han liderado las acciones directas para combatir la crisis, generando diversas iniciativas, muchas de ellas inéditas, con tal de contribuir a que los ciudadanos y ciudadanas tengamos mayores posibilidades de afrontar esta pandemia.

Sin embargo, al contrario del Gobierno Central, las Municipalidades en su gran mayoría carecen de recursos, competencias y poder para tomar decisiones cruciales. Con un escenario inverso, donde la institucionalidad pública priorizara que las entidades más cercanas a las personas, como son las Municipalidades y Gobiernos Regionales, hoy contaríamos con acciones eficientes y rápidas para enfrentar no sólo esta emergencia, sino que todas las que constantemente nos afectan como país y región.

Para lograrlo, necesitamos que el Gobierno priorice las tan esperadas reformas que apuntan hacia una descentralización en sus tres ámbitos: una mejor distribución del poder político mediante la elección directa de Gobernadores Regionales que no puede ser postergada; otorgar mayores competencias para los Gobiernos Regionales mediante la mejora a la ley ya existente; y una mayor justicia en la distribución de recursos para los territorios mediante una Ley de Financiamiento Regional.

Hoy ya no nos bastan las eternas promesas que durante décadas han postergado el inicio de un proceso real de la descentralización en Chile. Hoy necesitamos concretar acciones verdaderas y reales que nos permitan alcanzar un país y una sociedad más justa, más equitativa y más digna para todos sus habitantes, en todos sus territorios.

El Estado de Catástrofe genera una realidad institucional donde las regiones dependen de un Jefe de Zona militar, que, si bien se coordina con instancias formales del poder ejecutivo y de salud a nivel regional, dependen de un mando central en Santiago. Los mecanismos actuales para enfrentar una situación emergencia tienen un fuerte componente centralista, con espacios de comunicación y coordinación con los servicios del estado como los Comités Operativos de Emergencia, pero con escasos espacios para la participación de la sociedad civil.

Para algunos es mejor un mando único para conducir la crisis. Pero es cierto también que la diversidad y pertinencia territorial se diluyen. No hay canales formales para recibir otras opiniones y tampoco para optimizar las capacidades locales que podrían ayudar en los diversos ámbitos que impactará la situación actual.

Justo este Día de las Regiones en Valdivia, se hará la primera reunión de una técnica Mesa Covid19 donde se invita a algunos organismos como el Colegio Médico, universidades y una representación de los alcaldes. Mesa que surge presionada por la falta de claridad sobre la gestión de la crisis en la región, principalmente en el equipamiento necesario para los equipos e instalaciones de salud regional y municipal. Un mínimo diagnóstico con dirigentes sociales y representantes de organizaciones profesionales refleja que no hay instancias de información y coordinación formal que permitan una mejor gestión a nivel de barrios o con equipos de sociedad civil que pudieran ayudar en los distintos efectos que tendrá esta crisis a nivel personal, familiar y comunitario.

La experiencia internacional nos dice que hay eslabones que debemos asumir para modernizarnos. Una mejor organización y fuerte entrenamiento comunitario y fortalecer las capacidades locales -municipales, con recursos económicos y técnicos. Una aproximación a la emergencia mas desde las personas y no solo desde las instituciones. Con mecanismos que permitan también la rendición posterior de cuentas, algo que en Chile cuesta. (sobre este tema ver artículo “Chile, país de emergencias: desafío de gestión descentralizada y articulada” de Michel De L’Herbe, en Descentralización 2.0 de la Fundación Chile Descentralizado, Desarrollado).

Nuestra comunidad ha generado una cultura de resistencia y resiliencia ante los episodios continuos de desastres, pero no articulada desde el estado. Los sistemas modernos de emergencia se hacen con la gente promoviendo una gestión más organizada y encadenada desde la base social, con un lenguaje común, con un estado a cargo, pero más descentralizado. En la situación actual con el Covid19 nos puede pesar no tener ordenada una articulación más compleja, menos improvisada y que permita usar los mejores recursos locales ante esta pandemia.

Un cambio fundamental en favor de la descentralización, y que no estuvo exento de consideraciones y críticas, fue cuando se decidió la elección directa de los Consejeros Regionales. Fue en ese instante en el que el cielo comenzó a abrirse en forma definitiva para todos los que creen en una regionalización efectiva. Sin embargo, y a pesar que el camino ya estaba trazado, siempre hubo voces que trataban de obstaculizar y poner trabas a la descentralización efectiva.

En ese contexto, el Estallido Social y la llegada del COVID-19 a nuestro país sirvieron de argumentos para que algunas figuras políticas planteasen la necesidad de discutir la postergación de la elección de Gobernadores Regionales. Así entonces, y en una muestra evidente de egoísmo social, estos referentes políticos instrumentalizaron la situación sanitaria que se está viviendo en el país en aras no sólo de postergar la elección de Gobernadores Regionales, sino también obtener beneficios electorales para aquellos referentes que perdieran en elecciones anteriores

Esta actitud -y que en esencia es contraria a lo que se espera de cualquier persona interesada en la materialización del bien común- ya se evidenciaba con anterioridad a la llegada del Coronavirus a nuestro país. Esto es así, ya que hubo parlamentarios -de distintas bancadas- que con distintos argumentos hablaron de lo imperioso que era postergar el proceso electoral que se vivirá en el país y por el cual se buscaba modificar la estructura decisional en el ámbito político regional.

El argumento principal de aquellos que instrumentalmente invitaban a la postergación estaba en función del complejo escenario social que en Chile se vive producto del Estallido Social y, especialmente, por la incertidumbre política, económica y social que han provocado las movilizaciones iniciadas el 18 de octubre del año pasado; condiciones que nublaron la relevancia del proceso electoral. Otros, señalaban que el proceso de traspaso de competencias en favor de la nueva autoridad popular regional no estaba del todo claro. También se argumentó que el Estallido Social invitaba a analizar la pertinencia del gasto público asociado a la nueva realidad política. Otros, plantearon que el Estallido Social provocaba la necesidad de postergar el proceso de elección de Gobernador Regional en aras de aprovechar el momento de discusión social que en Chile se estaba generando a fin de hacer partícipe a la ciudadanía respecto a las competencias y atribuciones que tendrá la nueva autoridad. También se argumentó que el electorado no ha logrado tomar conciencia respecto a lo importante que la regionalización para el desarrollo del país, lo que se evidencia con la ausencia de candidatos “fuertes” en la elección de Gobernadores Regionales, lo que provocaría una debilidad de origen que costaría subsanar.

Ante esto, y con independencia a todos los argumentos que algunos de los “postergadores” presentaban, siempre terminaban sus discursos con la idea que la regionalización debía ser un proceso eficaz que no podía contaminarse con un maquillaje populista.

De esta forma, e independiente a las posiciones políticas que los “postergadores” tuvieran en el pasado, ellos han entendido que la descentralización efectiva y el empoderamiento de las regiones y los territorios podrá ser obstaculizado, pero no podrá ser detenido, obligándolos a sumarse a un carro que cuenta con el apoyo mayoritario ciudadano y que inició un trayecto que claramente aportará al desarrollo del país.

La primera es que, tras la recalada de un crucero, uno de los turistas que estuvo circulando junto con un grupo mayor por Caleta Tortel, capital de la comuna, dio positivo por coronavirus. Aquello provocó que el Municipio exigiera aplicación de una medida extrema para evitar la propagación en la comunidad de alrededor de 500 habitantes, y fuera de ésta. Lo segundo, es que el Municipio tomó la iniciativa de declarar en cuarentena la comuna -medida que fue cuestionada por estar fuera de sus facultades- suspendiendo el ingreso y salida de personas, asistencia a clases, reuniones y actividades que congregaran personas. Medida que fue fundamental para resolver la propagación de un virus sabido altamente contagioso y con tasas de mortalidad significativas, pero, además, para reducir el estrés social que se produce por el miedo que suscita en la población enfermedades de alta propagación y en este caso pandemias. Eso se llama inteligencia territorial.

Con este conjunto de elementos no es difícil distinguir que la decisión no fue al azar ni electoral, porque además se resolvió en el marco de una sesión del comité de emergencia comunal, que para quienes no se han enterado, está compuesta por las instituciones del estado locales y dirigencias más relevantes del territorio. El adelantarse a una medida fue resultado de la lentitud de la respuesta de la autoridad sanitaria a la inmediatez de la situación en condición de pandemia. Lejos de hacer una crítica a las autoridades actuales, lo que se busca con esta reflexión es poner, en la altura de mira, la interpelación al centralismo de Estado en momento de crisis, dado que la efectividad real de la medida vino cuando el ejecutivo se sumó con las potestades que le corresponden a la autoridad sanitaria y ministerio del interior.

A ello sumo la siguiente pregunta ¿Por qué un Municipio que conoce el funcionamiento del territorio a cabalidad no puede tomar este tipo de medidas sin esperar la decisión central? La respuesta es más compleja que la pregunta, porque significa desenredar una serie de explicaciones político-administrativas que no justifican, ante el ciudadano, la necesidad de inmediatez en las soluciones. La comuna de Río Ibáñez unos días posteriores a Tortel, sin tener contagios por Covid19, sumó, además, otras medidas de protección a la ciudadanía como el cierre de pasos fronterizos. La comuna de Cisnes cerró los límites y acceso de las comunidades para no residentes, exigió a las empresas salmoneras el cambio de los puntos de desembarque y evitar el contacto con las comunidades locales y así sucesivamente otras más. Todos ellos trabajando con los respectivos comités de emergencia comunal. La AREMU también hizo lo suyo reuniendo a los 10 alcaldes de la región en una misma mirada, generando diálogo con las autoridades para proteger a la región. La cuestión no termina aquí, porque la comunidad de Balmaceda, Puyuhuapi y Bahía Murta también han tomado una serie de medidas locales para evitar importar el virus que puede ser devastador en comunidades donde los vínculos sociales son muchos más cercanos que en las grandes ciudades, y donde la capacidad sanitaria está dada sólo por un posta. Y la pregunta sigue dando vueltas ¿exceden sus facultades?, o mejor dicho ¿exceden las facultades que les permiten proteger a sus ciudadanos, vecinos y familias? Legal y constitucionalmente es muy probable que sí, pero menos genuino es depender de un nivel central que decida cuando es pertinente y oportuno para una comunidad de casi 500 habitantes cuando se requiere inmediatez.

Un último ejemplo, y siempre regional, los tres alcaldes de la Provincia Capitán Prat, pertenecientes a distintas coaliciones políticas, han estado trabajando en conjunto para gestionar, ante la autoridad política regional, la puesta de una barrera sanitaria provincial para restringir el acceso a personas que son fuera de la localidad, ¿porque esta preocupación?, porque han tenido presencia de muchas personas que son de fuera de la región, señala el diario Cóndores del Baker. Lo que se está buscando ahora y, dada la experiencia de Tortel, es evitar el ingreso de nuevos contagios a comunidades que son muy vulnerables no solo a la propagación, sino que la detección e implementación de la solución. ¿Sabe Ud. cuanto se tomaría en tiempo en tomar una muestra, enviarla, esperar los resultados y trasladar el paciente desde Villa O´Higgins que requiera cuidados intensivos? Claramente mucho más que en una comuna como Vitacura.

Y sumemos un caso más en que el nivel nacional no fue capaz de solucionar a tiempo un problema regional y local. Producto de la suspensión de clases en todo el país, nuevamente gatillada por los alcaldes, y supuestamente planificada para un par de días más por el Gobierno, muchos niños, niñas y adolescentes quedaron sin la alimentación diaria que otorga la JUNAEB en los establecimientos educacionales, que ahora sería entregada en formato de canastas familiares. En tiempos normales, es totalmente entendible que, centralizadamente, se licite esta alimentación, de modo que los costos se prorrateen entre regiones; sin embargo, en este caso de emergencia mundial, en que los camiones chilenos han tenido dificultades para transitar por una Argentina en cuarentena hace más tiempo que Chile, lo lógico es que una Dirección Regional de JUNAEB pudiera realizar las compras localmente, y brindar la alimentación requerida, mientras arribaban los insumos desde la zona central de Chile. En vez de eso, la autoridad regional sólo se limitó a decir que debíamos esperar que llegaran los insumos por barco.

Los Municipios, desde el 15 de diciembre, han dado la medida suficiente para demostrar que no solo requieren más recursos sino potestades que les den suficiente autonomía para tomar decisiones sobre sus propios territorios. Deben ser más que administradores políticos de programas del Estado, deben ser autoridades que puedan regir, ordenar, legislar y dar garantías territoriales. No debemos dejar que las autoridades mendiguen soluciones a un nivel central, debemos darles las potestades para solucionar, eso es una verdadera descentralización política – administrativa.

La elección de gobernadores regionales emerge justo cuando muchas de nuestras instituciones políticas, sociales y económicas están sujetas a enormes tensiones. A nivel global, la llamada crisis de las democracias liberales y la irrupción de los populismos han conflictuado los consensos adoptados después de la caída del Muro de Berlín. En nuestro país, la crisis social desatada en octubre del año pasado evidenció, entre otras cosas, la enorme distancia de la política con la sociedad, la desconfianza de la ciudadanía respecto a las élites e instituciones y la persistencia de problemas sociales que, por lo general, no habían sido prioritarios para la clase política.

Sin embargo, todos estos problemas pueden ser vistos como una oportunidad para los territorios. En el contexto de la llamada crisis de la democracia liberal –y también respecto a nuestros propios conflictos sociales– han aparecido propuestas que apuntan a un regreso a lo local como una forma de enfrentar la complejidad de los sistemas políticos contemporáneos. La filósofa francesa Chantal Delsol, por ejemplo, ha señalado que las tensiones entre capitales y provincias son un factor relevante para entender la distancia entre las élites cosmopolitas y el resto de la ciudadanía. Según ella, fortalecer la vida y el gobierno local sería una forma de alimentar las identidades y arraigos cuyo abandono dificulta un adecuado despliegue democrático.

Este regreso a lo local propuesto por Delsol también es posible encontrarlo en otros autores como Alasdair MacIntyre o Patrick Deneen, quienes apuntan a repensar nuestros modos y ámbitos de deliberación política. Deneen, por ejemplo, ha señalado que las dificultades de las democracias liberales en los últimos años podrían ser contenidas con “prácticas promovidas en enclaves locales, enfocadas en la creación de nuevas culturas que resulten viables, una economía que se apoye en la virtuosidad de los hogares, y la creación de una vida civil para la polis”. Según él, llegó el tiempo de crear un experimento filosófico nuevo, que enfatice en la economía doméstica, el intercambio a menor escala y un mayor autogobierno local.

Esa reproducción de argumentos, sin pretenderse exhaustiva, permite mostrar que la revalorización de las instancias regionales y locales es una alternativa para hacer frente a problemas muy complejos. En ese contexto, entonces, la elección de gobernadores se vuelve fundamental: ya no es solo un espacio de democratización para la ciudadanía regional, sino que se puede transformar en una instancia que, de ser bien implementada, nos permitiría enfrentar algunas de las tensiones nacionales y globales que hoy nos desconciertan profundamente.