Estado Regional y calidad de vida.

Por Diego Portales Cifuentes

Al votar el 4 de septiembre las personas pueden preguntarse legítimamente si esta decisión de la soberanía popular afectará o no su calidad de vida. Y esta cuestión puede ser más acuciante para quienes viven con mayor precariedad. Una de esas dimensiones de la desigualdad se vive en los territorios, mientras más apartados y distantes del centro del país con mayores carencias.

¿Afectará la Nueva Constitución la calidad de vida en regiones? Un texto constitucional no produce cambios inmediatos en la vida cuotidiana. Sin embargo, sabemos que abre o cierra posibilidades de futuro. La creación de un “Estado Regional”, caracterizado por la descentralización de la toma de decisiones en diversos ámbitos que afectan la vida de las personas, es uno de los cambios que mayor impacto puede tener en la calidad de vida de los habitantes de las periferias.

Creemos que los cambios más relevantes tienen que ver con la participación, las oportunidades, la calidad y equidad de los servicios públicos y la creación de una cultura colaborativa favorable a la paz social.

Participación y legitimidad de la política

Uno de los ejes que atraviesa la propuesta de Nueva Constitución es el de la participación social. En especial, se recoge la demanda de “descentralización con participación”; esto es, una estructura del Estado que, junto con traspasar poder desde el nivel central a los gobiernos regionales y locales, exige que en forma paralela se fortalezca la participación de los ciudadanos en los asuntos públicos.

Hablar de participación es fácil. Hacerla efectiva cuesta un poco más, sea por reticencias del poder o por inercias culturales de la población. La nueva Constitución busca fortalecer estructuras y prácticas participativas. Por ejemplo, la consagración constitucional de los Consejos Sociales Regionales y Locales constituye una exigencia superior a la actual y dota a estas instancias de las capacidades de incidencia y control ciudadano sobre el poder político.

Una de las causas del estallido social está en la creciente lejanía de las autoridades respecto de los ciudadanos. Distribuir poder y acercarlo a la gente es uno de los principales cambios que permitirá superar la crisis de la política. La democracia participativa influyendo en la toma de decisiones, seguimiento informado de la gestión pública y control ciudadano, con autoridades que rinden cuenta efectiva de su labor, se ven potenciados en la propuesta actual.

Uno de los aspectos que quedó incompleto, porque no hubo mayorías para aprobarlo, es la relación entre la democracia participativa y la democracia representativa.

La relación entre democracia participativa y democracia representativa en las regiones se logrará con un liderazgo de los Gobiernos Regionales alineados con sus Asambleas Regionales y con la colaboración de la sociedad civil, a través de los Consejos Sociales y otras modalidades de participación. La construcción de esos liderazgos es la principal tarea de las y los gobernadores regionales.

Sin embargo, en el ámbito nacional quedaron materias pendientes.

La creación de voluntades colectivas es una cuestión vital para generar gobernanza y potenciar el desarrollo. No se ha inventado otra forma de generar proyectos de alcance estratégico que no sea a través de partidos políticos. La crisis actual que los atraviesa de manera transversal debiera superarse con altos estándares en materia de declaración de principios, valores, transparencia en el funcionamiento interno, probidad y rendición de cuentas.

Por su parte, los sistemas electorales debieran cumplir también con normas claras de respeto al pluralismo y la diversidad y de estructuras que permitan e incentiven la formación de mayorías democráticas capaces de gobernar. El cumplimiento de estos principios permitirá que la gente de las regiones se beneficie de sistemas eficaces de descentralización con participación.

A mi juicio, la indefinición de estas materias en el texto constitucional es una oportunidad que tendrá en sus manos el actual gobierno y Congreso Nacional para negociar una fórmula de consenso.

Nuevas oportunidades para la gente en las regiones

Un segundo aspecto relevante es el de las oportunidades. Los diagnósticos sobre la fuga de talentos por falta de oportunidades desde el campo a la ciudad, de las ciudades pequeñas a las grandes, pero especialmente desde regiones a la capital del país es un lugar común de los estudios sobre la realidad social.

La descentralización propia del Estado Regional será una fuente de oportunidades laborales y de crecimiento humano, profesional y de innovación para miles de personas en regiones.

Los funcionarios públicos pasarán de ser meros ejecutores de órdenes superiores a diseñadores de políticas, ejecutores con espacios mayores de autonomía y protagonistas con la responsabilidad de la rendición de cuentas.

Los empresarios y emprendedores podrán participar más activamente en los procesos de generación de valor agregado en el marco de estrategias regionales de desarrollo que los incluye y desafía.

Los académicos y profesionales tendrán mayor cercanía a la gestión de procesos económicos y sociales públicos y privados entregando sus capacidades al servicio del desarrollo territorial. Las Universidades regionales y establecimientos de educación superior deberán multiplicar sus compromisos al servicio de su región.

La sociedad civil estará más cerca de las autoridades que toman las decisiones para incidir en ellas y evaluar la calidad del desempeño.

Este empoderamiento de las instituciones y actores regionales debiera contribuir a aumentar la productividad, generar sinergias y potenciar el desarrollo territorial.

La construcción de nuevas oportunidades dependerá en gran medida de los gobiernos regionales. Ellos son los encargados de liderar la creación de visiones compartidas, expresadas en reales estrategias regionales de desarrollo, y de crear los espacios de autonomía necesarios para ponerlas en marcha. Para que la gobernanza territorial se amplíe y fortalezca es indispensable cumplir con el principio constitucional de prohibición de tutela.

La práctica de la tutela está muy arraigada en el sector público. Se necesita un cambio cultural profundo que exigirá normas claras y el predominio de relaciones más horizontales y colaborativas. La Nueva Constitución abre las puertas para ello.

Calidad y equidad de los servicios

La ciudadanía evaluará la descentralización por sus resultados. La variable más relevante en la materia será la calidad de los servicios.

La propuesta de Nueva Constitución tiene como concepto central el “Estado Social y Democrático de Derechos”.  La meta es incrementar la calidad de vida de las personas y el medio transformar al Estado en el garante y facilitador de los mismos. Un nuevo paradigma que cambia el eje eliminando el actual “Estado Subsidiario” impuesto en la Constitución del 80.

Ese concepto va acompañado de un conjunto de parámetros inclusivos: plurinacional, intercultural, regional, ecológico y paritario: protección de los seres humanos y de la naturaleza.

Chile deberá ser un “Estado Regional”; esto es, un país descentralizado con equidad territorial. Un texto es una declaración de futuro, por sí mismo no garantiza nada, pero sí es una promesa por cumplir. Dependerá de la puesta en marcha del proceso real y de la capacidad de las regiones alcanzar ese sueño.

El logro de niveles superiores de calidad y equidad en la provisión de servicios públicos exigirá avances en la capacidad de gestión de los gobiernos subnacionales. Más y mejores recursos humanos y capacidades legales que eliminen la interdicción que hoy les afecta para cumplir en plenitud el mandato constitucional.

La Constitución entrega a los Gobiernos Regionales y a los Gobiernos Locales algunas herramientas para avanzar en esa perspectiva. Primero, la autonomía. Segundo, declara asegurar las competencias y recursos necesarios para alcanzar metas más altas. Tercero, responsabilidad política, administrativa y fiscal con rendición de cuentas.

En otras palabras, para que la gestión regional sea efectiva requiere empoderar a los gobiernos subnacionales; sacarlos del estado de interdicción en que se encuentran y pasar al ejercicio de la mayoría de edad. Cuando se habla de esto la cultura centralista se rebela. Suponen que dotar a los gobiernos subnacionales de ingresos propios y capacidad de endeudamiento es poner al país al borde del precipicio. Entonces, acuden a las experiencias de Argentina o Brasil para “demostrar” ello sería irremediable.

El proyecto de Nueva Constitución es muy cuidadoso en esta materia. Como cualquier sujeto de crédito se establecen los usos, alcances y limitaciones para generar dicha capacidad de gestión, con estricto cumplimiento de las obligaciones y sanciones a quienes violen las normas.

Cultura colaborativa y paz social

Uno de los aspectos más relevantes del texto propuesto es la creación de una cultura de colaboración entre los distintos niveles del Estado, entre regiones y comunas y con la más amplia participación de la ciudadanía.

Esta visión del desarrollo territorial complementa la propuesta de un país inclusivo. En la medida que el Estado Nacional colabora con regiones y comunas respetando la diversidad de visiones, estrategias y políticas, se puede potenciar el aumento de la productividad, el fortalecimiento de las cadenas de valor y el perfilamiento de las regiones con sus vocaciones productivas y su marca. Tantas veces se ha dicho que la globalización va de la mano con el fortalecimiento de las identidades propias. El Estado Regional es una gran oportunidad para potenciar las diversidades identitarias de Chile y su posicionamiento en el mundo.

En este marco de colaboración deben incluirse las identidades de los pueblos originarios. El tantas veces postergado reconocimiento constitucional a dichos pueblos que asume la forma de un país plurinacional está en la base de la crisis actual. Constituir legalmente “autonomías territoriales indígenas” es dar forma institucional, dentro del Estado, a esos espacios. Negar esa posibilidad es reafirmar tesis discriminatorias que afectan nuestra convivencia. Es curioso observar que en esta oposición a una cultura colaborativa entre diversas identidades coinciden quienes están por rechazar la nueva Constitución con quienes desde el radicalismo violento se oponen a la inclusión de los pueblos originarios como entes reconocidos en un país único e indivisible.

Los Gobiernos Regionales y Locales tendrán un rol fundamental en la construcción de esos espacios de colaboración multinivel y multiactores. En el plano nacional desde el Consejo de Gobernaciones y en el plano regional con los Consejos de Alcaldes como instancias principales dentro de una tupida red de formas colaborativas.

Desde las regiones de Chile nacerá una cultura del desarrollo colaborativo con reconocimiento inclusivo de nuestras diversidades: una base potente para construir un país con mayor paz social.

Fuente: https://lamiradasemanal.cl/estado-regional-y-calidad-de-vida-por-diego-portales-cifuentes/