Gobernador Claudio Orrego: “La primera impresión del Gobierno en materia de seguridad ha sido débil”

Respecto a la gestión en seguridad, Orrego declaró que hasta ahora “no se ha visto ningún plan” en la materia, a pesar de que fue declarada como la primera prioridad para el Ejecutivo. “No han estado a la altura de su promesa de campaña. Es cierto que está partiendo, (…) pero creo que la primera impresión que ha dado el Gobierno en materia de seguridad ha sido débil”, afirmó.

-¿Cuáles son los principales riesgos que usted advierte a propósito de la modificación a la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones impulsada por el Ministerio de Vivienda y que flexibiliza las normas de densidad? 
-Llama mucho la atención que un tema tan relevante para las autoridades territoriales de gobiernos subnacionales, gobiernos regionales o municipios, se haya llevado a una consulta sin ningún tipo de reunión previa. Eso nos llama mucho la atención.

Nos enteramos literalmente por la consulta que estaba en internet. Y, cuando analizamos el texto, vimos que no solamente permite duplicar o cuadruplicar casi parejamente en cualquier territorio las densidades, sino que, precisamente, la Ley 21.807, que fue aprobada nada menos que este año para modernizar el sistema de planificación territorial, fortalece los instrumentos de planificación, ya sea planos reguladores comunales o el plan regulador metropolitano. Sin embargo, esta nueva modificación casi como que lo deja sin sentido.

Estamos muy preocupados y ocupados porque queremos planificar la ciudad, porque queremos que la solución a los problemas habitacionales se haga en el contexto del derecho a la ciudad. Dicho de otra forma, queremos que el derecho a la vivienda sea compatible con el derecho a la ciudad, porque así como una ciudad sin viviendas para todos termina siendo excluyente, también viviendas sin derecho a la ciudad termina siendo sinónimo de guetos de algún tipo.

-¿Han tenido alguna respuesta o contacto con el ministerio sobre esto? 
-Eso nos llama también la atención, no solamente no se nos ha convocado a los gobernadores o a los municipios, sino que llevamos ya casi dos meses solicitando una audiencia para ver este y otros temas, y no hemos tenido la posibilidad de conversar aún. Esperamos que ese diálogo exista, porque en democracia las diferencias se resuelven conversando.

Insisto, creemos que hay que fortalecer los instrumentos de planificación territorial, no debilitarlos, y si algo tenemos que aprender de la historia reciente de Chile es que tanto los guetos provocados por el Estado o los guetos provocados por el mercado, como en Estación Central, son un fantasma que tenemos que erradicar.

-Es una discusión que vuelve a flote cuando ya parecía zanjada, a propósito del tema de los guetos verticales en Estación Central, que es el símbolo de todo este debate. 
-Absolutamente, yo fui una de las personas que habló por primera vez de los guetos verticales, y muchas veces el sector privado se escudaba diciendo que no había instrumentos de planificación en Estación Central.

Bueno, hoy día tenemos un plan regulador metropolitano que estamos actualizando, tenemos planes reguladores comunales, pero esta ordenanza permite liberar la densidad del suelo con el riesgo de replicar lo que ocurrió en Estación Central incluso en toda la región.

Ahora, nosotros no estamos en contra de la densidad per se, creemos que se pueden generar incentivos a densificar, por ejemplo, en torno a los corredores de transporte de la ciudad, pero a una escala razonable, con espacios públicos y con una visión de ciudad, que no es lo que está proponiendo esta Ordenanza General de Urbanismo y Construcción, que, como te digo, lo más increíble es que justo se quiere modificar una ley que fue dictada en febrero de este año, la 21.807, que se llama Fortalecimiento y Modernización del Sistema de Planificación Territorial.

-Usted ha sido enfático también en señalar que el Gobierno ha priorizado una visión economicista y financiera de la forma de pensar la ciudad. ¿En qué otras materias se ha expresado esto, a su juicio? 
-Lo primero, yo diría que, en materia de ciudad, volver a esta idea de que el mercado lo va a resolver todo, cuando tenemos ejemplos como el de Estación Central, es de verdad no querer ver el porte de la cordillera de Los Andes. Las ciudades en Chile y en cualquier lugar del mundo requieren planificación para poder armonizar la calidad de vida de las personas con la solución de la demanda habitacional, con la creación de espacios públicos y de servicio en la ciudad.

Así que una ciudad construida por el mercado no es lo que necesitamos en Chile, necesitamos una ciudad que responda a una visión de bien común y donde el mercado participe, pero con reglas del juego bien claras.

Segundo, hay otra temática que nos preocupa, que tiene que ver con la protección ambiental. Cuando uno ridiculiza las normas ambientales, lo que está diciendo es que quiere una ciudad y un territorio donde lo ambiental no sea un obstáculo para la construcción de mayor ciudad. Y nosotros somos de la tesis de que ciudad y naturaleza tienen que convivir.

Y no me refiero solamente a los humedales urbanos o rurales, me refiero también a los glaciares, a la importancia de regular el calor extremo con mayor vegetación, espacios públicos.

Y lo tercero que me preocupa es esta suerte de liviandad con la cual se han abordado otros temas de ciudad. Siempre existió en Chile una suerte de principio republicano, que es que las obras que estaban en ejecución se terminaban. Y que el nuevo Gobierno podía priorizar nuevas obras, si quisiera eso. Pero lo que no habíamos visto antes era declarar descontinuar las obras en ejecución. Lo que está pasando con el proyecto Nueva Alameda y en particular con la ciclovía del eje, o con el GAM, es una expresión de borrón y cuenta nueva que no habíamos visto en Chile en las últimas décadas.

Y eso nos preocupa, porque no se construye ciudad cada cuatro años, se construye con proyectos que trascienden los periodos electorales.

-Con respecto al tema del GAM y las obras de Nueva Alameda, ¿cuál es el impacto? No solamente por el tema de los recursos públicos ya invertidos, sino que también lo que implica para la ciudad mantener obras de esta envergadura abandonadas o inconclusas. ¿Cuáles van a ser las consecuencias, a su juicio, en el mediano plazo? 
-Yo he dicho que las crisis pasan y las obras abandonadas quedan, así como el deterioro de la ciudad. Cada vez que una obra queda abandonada, esta termina siendo un lugar de incivilidades, de riesgo para la ciudad y de alguna manera es como una ciudad hecha a medias. Por eso es que una de las prioridades que tuve como gobernador, cuando asumí el 2021, fue decir: aquí no queda ninguna obra votada. Y llevamos 12 obras retomadas, que venían de antes, que estaban abandonadas, que estaban siendo saqueadas y que se cometían delitos en ellas.

Obviamente nos costó más caro retomarlas después, pero las terminamos. Y ahí están el Polideportivo de La Granja, el Cuartel de la PDI de San Ramón o de Quilicura, el Estadio en San Miguel, el Polideportivo en San José, por dar algunos ejemplos.

Qué es lo que ocurre cuando un Gobierno dice “mira, esta obra que estaba siendo ejecutada, que ya tenía los diseños listos –en el caso del GAM– o que ya estaba tomado de razón el contrato –en el caso de la ciclovía de la Alameda–, pero faltaba la licitación, que había sido desierta la primera, pero queda la obra a la mitad. Aparte de pagar las multas, que increíblemente por el GAM equivalen a la tercera etapa de la ciclovía de Santiago.

Entonces, por un lado, se gasta plata en multas y, por otro lado, se evitan las obras. Esto es una pésima noticia para Santiago, porque cada vez que ha quedado una obra abandonada, la ciudad sufre un deterioro, se llama a la incivilidad, y me atrevería incluso a decir, a la comisión de delitos.

-¿Cuál podría ser la solución, considerando que el principal argumento del Gobierno es la restricción de recursos, la priorización también de los mismos, pensando en otras necesidades más urgentes? 
-Siempre cuando se dice que no hay recursos, primero destaco que los recursos ya estaban asignados, estaban comprometidos. Lo que pasa es que el Gobierno tiene otras prioridades, lo que es legítimo, pero uno tiene que terminar aquello que empezó. Y lo más importante es que el Estado tiene que cumplir con sus compromisos.

El proyecto Nueva Alameda lleva diez años, han participado alcaldes de todos los colores políticos, varios ministros de Estado, se firmó un convenio de programación que tiene el valor legal para las partes. Esto no es cosa de que una persona unilateralmente diga “yo no quiero cumplir con mi compromiso”. Entonces, primero esperamos conversar y después vamos a ir a que se establezca legalmente que el Ministerio de Vivienda tiene un compromiso que cumplir, que no es aleatorio y mucho menos discrecional.

Y respecto al tema del GAM, yo creo que efectivamente era una suma bastante más considerable, pero también esta es tercera vez que se hace el diseño. Ya se habían invertido 2 mil millones de pesos en la limpieza y los diseños, que además no es cierto que se hicieron a última hora, porque venían del segundo Gobierno del Presidente Piñera.

Entonces, si de verdad no había dinero, bueno, tú te puedes endeudar a corto plazo –porque la crisis supuestamente es pasajera– y terminar esta obra. Porque lo que va a pasar es que vamos a botar 8.000 millones de pesos hoy día y alguien, algunos años más, va a querer retomar el proyecto porque no nos gusta la ciudad a medias y le va a volver a costar otro 8.000 millones de pesos para volver a partir. Entonces, esto es un mal negocio por donde se le mire, no solamente desde el punto de vista de la ciudad o de la cultura, también desde el  punto de vista de las finanzas públicas.

-De lo que usted ha podido conversar, ¿hay alguna viabilidad de pensar en alternativas como financiamiento externo, alianza público-privada, o esto quedó detenido definitivamente? 
-Lamentablemente, creo que quedó detenido definitivamente en el caso del GAM. Yo creo que no es una decisión del Ministerio de Cultura, ni de Obras Públicas, si no que es una decisión del Ministerio de Hacienda. En el caso del Ministerio de Obras Públicas –quiero ser honesto, porque nobleza obliga–, me reuní con el ministro Arrau y él mantiene los compromisos de todos los proyectos que tenía con el Gobierno de Santiago, tanto en la Alameda como también agua potable rural y también con los conectores.

Y en el caso del tema de la ciclovía de la Nueva Alameda, es bastante incomprensible, porque el costo de ese tercer tramo, para que la ciclovía de verdad tenga sentido y beneficie a las comunas de más escasos recursos, es menos del 0,04% del presupuesto del ministerio. No parece ser una decisión financiera, sino más bien política.

Dejar una obra votada por 6.000 millones, un ministerio que tiene 4.000 millones de millones, uno dice la verdad que no se justifica, salvo que a alguien simplemente no le guste. Pero independientemente de los gustos personales, acá hay un acuerdo jurídico que vincula las partes, un compromiso con la ciudad y con la seguridad de quienes han decidido ocupar la bicicleta como un medio de transporte habitual. Sobre todo en tiempos donde sube el combustible y mucha gente ha dejado el auto y se ha subido a la bicicleta o al transporte público para transitar por la ciudad.

-En materia de seguridad, ¿cuál es la coordinación y evaluación del trabajo que usted tiene con la ministra Steinert? Ella se sinceró este fin de semana y señaló que los resultados de la cartera no van a ser inmediatos, que hay ejes estratégicos que apuntan, por ejemplo, a retomar el control de las calles con operativos conjuntos entre PDI y Carabineros. ¿Cómo ha visto materializado esto en la región?
-Bueno, nuevamente nobleza obliga. Yo tuve una reunión con la ministra Steinert cuando estaba partiendo. Le manifestamos nuestra voluntad de colaborar y le pedimos también que el Gobierno le pusiera urgencia al proyecto de ley que nos otorga la facultad de prevención del delito a los gobiernos regionales, sobre todo reconociendo que ya estamos invirtiendo grandes cantidades de recursos. Desde el punto de vista humano y de relación institucional, yo agradezco la buena disposición de la ministra.

Pero déjame ahora evaluar un poco al Gobierno. Esta era la primera prioridad, así lo dijo en campaña, sigue siendo la primera prioridad de los santiaguinos y también de los chilenos. Además, se habló de un Gobierno de emergencia. Yo hubiera esperado que en los primeros dos meses de un Gobierno que está partiendo y que tiene prioridad por el tema de la seguridad, este iba a ser el primer plan de emergencia. Bueno, hasta ahora no se ha visto ningún plan.

Yo vengo ahora de una reunión que tuvimos en Renca donde estábamos inaugurando un sistema de televigilancia. Estaba el Ministerio Público, Carabineros de Chile, estaba la comunidad, el municipio, estaba el Gobierno Regional. No estaban el ministerio ni el Gobierno Central.

Entonces, yo creo que el Gobierno no ha estado a la altura de su promesa de campaña. Es cierto que está partiendo, pero como dicen por ahí, no hay una segunda oportunidad para dar una primera impresión y creo que la primera impresión que ha dado el Gobierno en materia de seguridad ha sido débil.

-¿Cuál es su análisis más amplio sobre la contingencia que ha enfrentado el Gobierno en los últimos días? A propósito de la polémica que han generado los oficios y decretos de recortes presupuestarios de Hacienda. ¿Cómo ha visto el manejo político?
-Diría que el Gobierno y el Presidente Kast deben estar revalorizando el rol de lo político. No basta con ser técnicamente impecable, hay que saber trabajar en equipo, hay que tener buenas relaciones con el Congreso. Uno no puede estar en la mañana pidiendo el voto a los parlamentarios y en la tarde insultándolos. Uno tiene que tener la capacidad de reconocer que hay ciertas cosas que son de Estado, en la cual todos nos ponemos de acuerdo.

Terminar las obras me parece que es una de ellas. Yo creo que haber apoyado a la Presidenta Bachelet en la candidatura internacional, era otra. No pueden continuar con el tono de campaña. Cuando el Presidente de la República va al Consejo Nacional de Renovación Nacional y empieza a hablar de que se robaron la plata, la verdad es que entra en un tono que yo lo tengo más asociado a nivel internacional a personas como Trump, como Bukele o como Milei, pero no al tono de unidad al cual nos estaba convocando el Presidente Kast.

El Presidente Kast tiene que tomar una decisión. ¿Quién quiere ser? ¿Qué estilo quiere seguir en Chile? ¿El estilo de Milei, de Trump o el estilo de don Patricio Aylwin? Creo que ahí hay dos modelos de cómo se lleva a cabo esto y, cuando uno mira al Gobierno, ve que ha sido errático en esta materia. Se apostó por lo independiente, más que por el apoyo de los partidos políticos, y sigue habiendo un tono medio beligerante, más entendible en tiempos de campaña, pero no así en tiempos en que hay que gobernar, sumar votos y construir mayorías.