Gobernadores de Magallanes y Coquimbo son los primeros en decretar Emergencia Climática a nivel regional

El 11 de agosto pasado, apenas dos días después de la divulgación del lapidario informe del IPCC sobre los efectos del cambio climático en el mundo, el recién asumido gobernador de Magallanes, Jorge Flies, no vaciló en decretar Situación de Emergencia Climática y Medioambiental para esa región austral de Chile. Se trata de un hecho inédito, máxime cuando estas autoridades fueron por primera vez en la historia del país elegidas democráticamente.

En la tarde de ayer, en tanto, otra autoridad regional siguió el ejemplo de Flies en Magallanes: la gobernadora de Coquimbo, Krist Naranjo, también decretó Situación de Emergencia Climática y Medioambiental dentro de su territorio, en un contexto marcado por la aprobación del polémico proyecto de la minera Dominga por parte de la Comisión de Evaluación Ambiental (Coeva) de Coquimbo.

Lo cierto es que ambas regiones son pioneras en recurrir a esta resolución a nivel nacional, a la luz del dramático escenario que se cierne sobre el país. Tal decreto, asimismo, se produce en medio de la controversia entre las funciones de los delegados presidenciales y los gobernadores regionales elegidos por vía del voto popular. Según un dictamen de Contraloría, son los delegados y no los gobernadores quienes deben presidir las comisiones de evaluación ambiental de cada región.

¿Pero qué implica en rigor que ambas regiones sean declaradas en Situación de Emergencia Climática y Medioambiental? Según señala la resolución oficial firmada por el gobernador Flies en Magallanes, uno de los principales puntos dice relación con la creación de una comisión técnica especial conformada por un equipo multidisciplinario y multisectorial dentro de la región. Todo, a partir de la urgencia de una “acción inmediata y ambiciosa” para “limitar el calentamiento global a 1,5° C y evitar así una pérdida ingente de diversidad biológica”, cita el informe.

“Créase una Comisión Técnica Especial, para gestionar a lo largo del tiempo el cumplimiento de esta declaración, la cual reportará directamente al Gobernador Regional y estará constituida por un presidente, los directores o las directoras de las divisiones del Gobierno Regional, los rectores (as) de universidades, presidentes de institutos científicos, presidentes de organizaciones de la sociedad civil a fin (sic) con la materia, y dirigentes de las comunidades de pueblos originarios dentro de la región y mundo socioambiental”, añade el texto de la declaración en Magallanes.

El trasfondo es lograr la carbono neutralidad en la región a 2050 a través de un plan de acción que se iniciará “con la máxima urgencia” y que involucrará a “todas las entidades y unidades que dependan directamente de la administración de la región”, agrega el documento. Del mismo modo, la resolución invita a todas las entidades “privadas, sociales y públicas de nivel local de la región” a sumarse al plan. Además, el decreto insta al mismo Órgano Ejecutivo del Gobierno Regional y al Consejo Regional de Magallanes a “aprobar indicadores para privilegiar e incentivar estrategias, planes, programas, proyectos e iniciativas que representen reducciones significativas de CO2 y/o gases de efecto invernadero y avanzar hacia el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sustentable (ODS) al 2030.

Según explica el gobernador Jorge Flies a País Circular, “esta declaración se inserta en el contexto de nuestra estrategia de desarrollo regional para que ésta sea atravesada por un tema fundamental: la emergencia climática. Yo tengo el mandato para adoptar todas las medidas que propendan a cuidar, prevenir y mitigar los procesos del cambio climático. Por lo mismo este comité técnico deberá contar con todo el aparataje productivo, social, académico y científico de la región”.

También, agrega Flies a este medio, “se debe hacer un levantamiento de las comisiones diagnósticas específicas de la región, evaluar las condiciones de riesgo y formular propuestas para mitigar regionalmente la emergencia climática: cómo se van a construir las casas, con qué nivel de aislamiento, cómo aprovisionar el agua y cómo resguardamos la infraestructura del borde costero. Ojalá todos los gobernadores de Chile incorporen transversalmente en su estrategia de desarrollo regional la emergencia climática”.

Coquimbo: la segunda a bordo

Últimamente concentrada la atención pública en esa región, a partir de la aprobación del Coeva del proyecto Dominga, cuyo caso aún está judicializado, el Gobierno Regional de Coquimbo se convirtió ayer en el segundo en decretar Emergencia Climática y Medioambiental en dicho territorio. La declaración tiene un tenor similar a la de Magallanes; solo que aquí se compromete la carbono neutralidad al 2040, y no al 2050 como en la región austral.

Adicionalmente se explica que el anuncio responde a las particularidades en los efectos del cambio climático en la Región de Coquimbo, como la sequía prolongada por más de 12 años y desertificación progresiva que afecta la disponibilidad de agua para consumo humano y para las actividades económicas del territorio, así como también por contar con un extenso borde costero expuesto a los avatares de la crisis global.

“Todas nuestras acciones diarias tienen una repercusión, que se delimita, por ejemplo, en lo que es la huella de carbono. Nosotros tenemos un impacto en nuestro entorno y sobre el planeta y debemos saber manejarlo, educándonos además en estos aspectos, y este decreto nos permite organizarnos de mejor forma, estructuradamente, para lo cual tenemos que levantar planes de acción en las distintas áreas”, señaló a los medios de comunicación la gobernadora Naranjo, quien postuló al cargo como independiente apoyada por el Partido Ecologista Verde.

Así como en Magallanes, la autoridad regional coquimbana convocará en el plazo más próximo a un Comité Técnico multiactor, donde la sociedad civil, el sector productivo, el sector público y la academia puedan activar un plan de acción tendiente a mitigación y adaptación a la crisis climática.  “Es fundamental para poder fortalecer la toma de decisiones como autoridades, siempre con un sentido local. El desarrollo de la región bajo una visión que integra el cambio climático en distintas áreas del desarrollo, como levantamiento de infraestructura, debemos revisarlos y plantearlos de forma funcional y aplicada, por ejemplo, en las obras que se solicitan en las distintas comunas”, añadió Naranjo, cuya decisión fue respaldada por organizaciones locales y ambientales.

Gobernadores vs. delegados: choque de fuerzas

Con respecto a la resolución de Contraloría que asignó la presidencia de las comisiones de evaluación ambiental a los delegados presidenciales, el gobernador Jorge Flies se mostró en desacuerdo, pero sostiene que, al final de cuentas, los gobernadores tendrán que atravesar un período de transición, ya que confía que, antes o después del gobierno de Sebastián Piñera, el cargo de delegado presidencial será derogado.

“No presidir las comisiones ambientales ni el comité de emergencia son dos falencias importantes de la ley de los gobiernos regionales. Pero hay consenso en los programas de los presidenciables y también de la mayoría de los convencionales constituyentes en que el delegado presidencial se jibariza al máximo o desaparece. Sea en el próximo gobierno o con una nueva Constitución, los territorios se van a empoderar con la toma de decisiones en cuestiones ambientales. Recordar también que hay un proyecto de iniciativa parlamentaria que pide derogar el cargo de delegado. Incluso podría ocurrir en este gobierno”, asegura Jorge Flies, quien ocupara el cargo de intendente regional de Magallanes entre 2014 y 2018, durante el gobierno de Michelle Bachelet.

Contrariamente a la opinión profusamente conocida por el gobernador de Valparaíso, Rodrigo Mundaca -quien ha llevado la voz cantante en este tema, usando incluso un chilenismo-, Jorge Flies piensa, basado en su experiencia de cuatro años como intendente de Magallanes, que “los gobernadores actuales sí tenemos muy importantes atribuciones y hay que ocuparlas al máximo. Yo quizás en eso soy una voz minoritaria dentro de los gobernadores”. Sin embargo, cree improcedente no contar con facultades para presidir las comisiones ambientales por cuanto “somos la máxima autoridad regional y tenemos una legitimidad dada por la elección a través del voto popular”.

Esta incongruencia, opina Flies, obedece a que “estamos a cinco meses de que termine un gobierno al que no le gusta la descentralización, que va a poner más piedras en el camino en lo que queda, que no le interesa delegar el poder, porque finalmente esto es una pérdida de poder de los niveles centrales, dentro de un gobierno que está muy mal evaluado por la ciudadanía”.

Dominga: el primer dolor de cabeza para Naranjo

Acaso el primer gran conflicto derivado de la cohabitación entre el poder del gobernador y el delegado se vivió en la votación que aprobó el controvertido proyecto Dominga, a la espera de la resolución de la Corte Suprema. “Es un proyecto que traspasa la región, es un tema nacional. Se trata de intervenir un proyecto en un área protegida a nivel internacional. Es muy relevante seguir conservando estas zonas prístinas, sobre todo después del informe del IPCC que fue muy desalentador. De ahí la importancia de transformar los sistemas productivos. En nuestra estrategia regional reconocemos y apoyamos una minería local histórica, pero también creemos que es posible transformar los procesos productivos involucrando tecnologías, diversificar la escala de proyectos, porque nuestra región debe ser más sustentable”, dice la gobernadora Naranjo a País Circular.

La autoridad regional espera que los proyectos de ley en curso puedan redistribuir el poder hacia los gobernadores, ya sea asignando otras responsabilidades a los delegados o definitivamente suprimirlos. “La gente ha pedido más atribuciones a las regiones y eso pasa por el proceso democrático. Para nosotros fue una instancia sorpresiva el enterarnos que nosotros no presidiríamos el Coeva, siendo que somos la máxima autoridad regional”, agrega Naranjo.

Por último, y en la misma línea, el gobernador Flies señala que “sin duda Dominga fue un abuso de atribuciones en momentos en que un gobierno que está deslegitimado lo somete nuevamente a votación siendo que está en la Corte Suprema, y sin la presencia de la gobernadora. Eso es abusar del Estado, y si hay un gobierno que ha ayudado a desprestigiar las instituciones es éste”.