Opinión
Impulso a la descentralización
Por: Editorial La Segunda
«Se trata de un cambio relevante en el paradigma, fuertemente centralizado, de cómo se ha gobernado el Estado de Chile».
Parlamentarios y líderes de la sociedad civil han solicitado al Gobierno acelerar el trámite en el Congreso de la agenda de descentralización. También el presidente de la Comisión Asesora Presidencial para la Descentralización, cuyo informe se entregó en octubre de 2014, ha manifestado su inquietud por la escasa acogida que tuvieron las propuestas de este grupo y por el lento avance legislativo que han tenido las iniciativas que sí fueron enviadas.
De la serie de proyectos impulsados por el Ejecutivo, sólo ha sido aprobado el que incorpora a 33 mil trabajadores a la planta de los municipios. Pero hay otras iniciativas clave de esta agenda que aún no se han materializado: elección de intendentes, transferencia de competencias y ley de financiamiento regional.
La más visible es la que define la elección popular de intendentes, o gobernadores regionales. Se espera que ésta se produzca en paralelo a la elección parlamentaria de 2017, para que éstos puedan asumir en marzo de 2018. Más allá de que no se ha definido todavía cuál será la forma de elegirlos ni cuáles serán las competencias específicas que tendrán los intendentes electos, parece necesario poner atención también a las otras reformas, cuyo impacto en el éxito del proceso de descentralización puede ser todavía más relevante.
El primero es el proyecto que transfiere progresivamente las competencias de los distintos servicios a los gobiernos regionales. Según el subsecretario de Desarrollo Regional, el Gobierno espera que este proyecto pueda ser aprobado a fines de este año o comienzos de 2017. Tal vez valdría la pena observar cuidadosamente la experiencia y los resultados de los programas piloto que implementaron Corfo y Sercotec, a comienzos de 2015, para definir políticas, líneas de acción y de financiamiento específicas para cada región, en sintonía con las directrices de los gobiernos regionales.
Más importante todavía es la iniciativa que reforma el financiamiento de los gobiernos regionales, que será enviada próximamente al Congreso. Esta incluye nuevos criterios para distribuir los recursos a las regiones, la creación de un Fondo de Convergencia, que permita disminuir brechas territoriales específicas, y una ley de Responsabilidad Fiscal Regional, que resguarde el manejo de dichos recursos.
La propuesta de la Comisión Asesora planteo elevar del 18% al 35%, hacia el año 2020, el porcentaje de las decisiones de inversión que se toman en las propias regiones. Se trata de un cambio relevante en el paradigma, fuertemente centralizado, de cómo se ha gobernado el Estado de Chile. Si bien existen consensos mayoritarios respecto de la necesidad de otorgar autonomía y capacidad de decisión a las regiones y sus habitantes, este proceso ganará legitimidad si se hace de forma cuidadosa y garantizando el buen uso de los recursos públicos.