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LA CRISIS DE OCTUBRE Y LA URGENCIA DE DESCENTRALIZAR AHORA.
Por Diego Portales Cifuentes. Director Ejecutivo Fundación Chile Descentralizado… Desarrollado
La crisis política y social que enfrenta a Chile a partir del estallido del viernes 19 de octubre exige repensar muchas cosas. Hasta la fecha no ha podido identificarse un actor (o varios de ellos) que la hayan preparado, decidido o coordinado. Por eso se habla de explosión social. Lo que está claro es que ha remecido las conciencias de todos y creado, por primera vez desde el fin de la dictadura, las condiciones para alcanzar un nuevo Pacto social y territorial.
No es la primera crisis social de estos 30 años. Ha habido incontables episodios críticos, pero todos ellos emergieron en sectores específicos o en los márgenes. Fresco está en la memoria colectiva el movimiento de los pingüinos (2006), también el movimiento por la gratuidad universitaria (2011) y la movilización más permanente del movimiento No más AFP. Menos visibles, pero con una fuerza regional de proporciones cabe mencionar la crisis del gas en Magallanes, el conflicto multisectorial de Aysén y las recientes movilizaciones sociales en Quintero y Puchuncaví. Pero, ninguna de ellas alcanzó la fuerza de lo actual.
Si bien no es nuestro propósito sugerir una interpretación acabada de las causas del estallido, llama la atención que haya sido el alza del precio del transporte en la Región Metropolitana el desencadenante de la protesta social. La chispa se originó en el centro del país, ha alcanzado un nivel de exposición mediática (especialmente televisiva) solo equiparable al terremoto del 2010, ha afectado la columna vertebral de la conectividad santiaguina (el Metro) y puesto en peligro la cadena de abastecimientos. Luego se expandió, como reguero de pólvora, por las principales ciudades y ha quedado registrada en la conciencia colectiva como algo que huele mal en nuestro, hasta ayer, aparente exitoso país.
Está claro hoy que el problema no es la tarifa del Metro. Todos entienden que ello fue la gota que rebasó el vaso de la desigualdad. Numerosos estudios venían advirtiendo el problema. No sólo los que quedan reflejados en el coeficiente de Gini, también las enormes dificultades de muchas familias (la mayoría recién salida de los niveles de pobreza crítica) para hacerse cargo de los costos de la educación, la salud, la vivienda y el transporte, entre otros. Ello, junto a la deficiente provisión de servicios públicos para la gran mayoría, ha terminado por acabar con la paciencia social.
El combate a las desigualdades sociales y territoriales.
Esta desigualdad es social y territorial. Chile es un país caracterizado por un alto grado de segregación. Esta diferenciación se produce al interior de la Región Metropolitana y también entre Santiago y el resto de las regiones.
Un ejemplo de esto es la enorme desigualdad entre comunas. Un estudio del Observatorio Fiscal señala que en Santiago el ingreso per cápita entre comunas varía de 1 a 8. Proyecciones nacionales llevan ese guarismo de 1 a 15. Por eso, llama la atención que el alcalde de una de las comunas más ricas haya donado dinero de libre disponibilidad a una comuna pobre. En principio, parece un gesto de altruismo social; pero ¿cuál es el sistema que ha hecho posible que a algunos les sobre el dinero, mientras a la gran mayoría le falte?
La otra dimensión es la enorme centralización de todo en Santiago. Las economías de mercado tienden a concentrar y centralizar; es lo que se denomina la “economía de aglomeración”, explicado en términos sencillos la localización de las actividades económicas se hace preferentemente cerca de los consumidores y de los proveedores. Esto genera un proceso de centralización hasta un punto en el cual los rendimientos decrecientes de la aglomeración comienzan a manifestarse. Es lo que ha ocurrido en Santiago hace ya bastante tiempo.
Las regiones son relegadas, una y otra vez, ante las demandas crecientes de una urbe que fagocita todo. Los líderes nacionales concentran su atención en resolver los problemas metropolitanos. Ricardo Lagos nos habla en su libro “En vez del Pesimismo” de SANRAVAL, la gran metrópoli del futuro que uniría Santiago con Valparaíso y Rancagua. Sebastián Piñera en la inauguración de la línea 3 del Metro, anunciaba la construcción de las líneas 7, 8, 9 y 10. Esta última no está contemplada todavía en los planes de expansión, pero en su entusiasmo la comprometió.
El centro se tiende a convertir en el agujero negro que se traga el desarrollo del país. Más inversiones, más habitantes, más necesidades. Frente a la crisis, la descentralización se convierte en una urgencia país para alcanzar un desarrollo social y territorial equilibrado, con mejor desarrollo humano para todos y más amigable con el medio ambiente. Pero, ello no ocurrirá automáticamente. Se requiere una “Política de Estado” que contrarreste las fuerzas centrípetas promoviendo la reducción de las desigualdades sociales y territoriales que se potencian mutuamente.
Para escuchar bien hay que descentralizar.
El presidente dice que ha escuchado. Comprende ahora que algo andaba mal. Pero ¿qué ha escuchado el presidente? Para escenificar la escucha aparece en La Moneda con un grupo de dirigentes sociales. El gesto es relevante, primera vez que lo hace y lo subraya. Sin embargo, todos sabemos que ello es absolutamente insuficiente. El gobierno agrega que quiere organizar consultas o cabildos ciudadanos para ampliar esa escucha; lo encarga al Ministerio de Desarrollo Social con un sello explícito de recortar la conversación a la “agenda social”. En forma paralela, la ciudadanía se autoconvoca para hablar de la crisis y los caminos de solución, lo hace con una agenda amplia, todos los temas sin exclusiones.
La escucha de las autoridades a las demandas de la ciudadanía es un componente esencial de la democracia. Versiones restringidas de esta escucha las refieren solo a las periódicas elecciones donde la ciudadanía juzga y vota. Hoy tenemos claro que es indispensable generar nuevos sistemas de escucha.
Eso requiere descentralizar. Nadie puede pretender escuchar adecuadamente la diversidad de demandas que surgen de una sociedad compleja. Por eso los países entregan cuotas crecientes de poder a sus gobiernos locales y regionales.
Los alcaldes y concejales aparecen hoy en la escena política y mediática con más fuerza que antes. Ellos están cerca de la gente, comprenden la especificidad de los problemas y requieren atribuciones y recursos para entregar soluciones. Los gobiernos locales tienen una incidencia directa en la calidad de los servicios que la gente recibe. En buena hora se discute cómo aumentar y distribuir mejor el Fondo Común Municipal.
Al mismo tiempo, falta potenciar el nivel intermedio: las regiones. Una autoridad regional metropolitana autónoma pudo prever mucho mejor los problemas sociales que generaba un aumento de tarifas.
Esto es lo que decidió el Poder Constituyente con la Reforma de Elección de los Gobernadores Regionales para octubre de 2020: Constituir un sujeto político regional que escuche y rinda cuentas a la ciudadanía. Los candidatos, según lo exige la Ley, deberán presentar un programa de gobierno.
A la luz de la reciente crisis, los 16 gobernadores regionales que elegiremos en octubre de 2020 tienen una nueva tarea: no solo escuchar, junto al nivel municipal, las demandas territoriales, sino proponer las estrategias regionales de desarrollo y llevarlas a cabo. Es cierto que la ley les entrega inicialmente pocas responsabilidades, pero ello es una ventaja: Porque en el marco del proceso de escucha, deberán identificar los temas críticos propios de su región para solicitar las respectivas competencias y los recursos que les permitan hacerlas efectivas. Este proceso de aprendizaje gradual es fundamental para hacerlo bien en el marco de lo que hemos llamado “Desarrollo Territorial Colaborativo”; esto es la colaboración de todos los actores (públicos, privados, académicos y sociales) y de todos los niveles del Estado (local, regional y nacional).
En este marco, es indispensable desarrollar una visión de la realidad actual y de las perspectivas estratégicas de cada territorio. Para ello, las próximas elecciones municipales y regionales de 2020 se convertirán en una oportunidad histórica única para potenciar la participación ciudadana, escuchar sus demandas y propuestas y buscar salidas a la crisis con equidad social y territorial.