Las consecuencias de la dana: El Gobierno sopesó declarar “emergencia nacional” pero renunció para no quitarle el mando a Mazón

La Generalitat valenciana intenta trasladar a Interior la responsabilidad y el departamento de Marlaska responde que las competencias son autonómicas

La dana que este martes devastó amplias zonas de la Comunidad Valenciana y Castilla-La Mancha, dejando un centenar de víctimas mortales, no recibió la máxima calificación en el Sistema Nacional de Protección Civil. El Ejecutivo valenciano decretó el nivel 2, que implica solicitar el auxilio de los medios del Estado, pero sin renunciar en ningún momento a mandar el operativo. Fuentes gubernamentales reconocen que el gabinete de crisis reunido el martes por la noche en La Moncloa valoró la posibilidad de decretar una “emergencia de interés nacional”, lo que hubiera supuesto asumir la dirección de todo el dispositivo, pero se consideró que “no era necesario”, porque la Generalitat valenciana estaba “actuando correctamente”, no había solicitado declarar el nivel 3 y hacerlo unilateralmente era “como aplicar un [artículo] 155″ de la Constitución, arrebatando a la comunidad autónoma sus competencias.

A las 7.31 de la mañana del martes, la Aemet (Agencia Estatal de Meteorología) difundió una alerta roja por lluvias torrenciales en el litoral y el interior de la zona norte de la provincia de Valencia. Hacia las 13 horas, la vicepresidenta Teresa Ribera subrayaba las “preocupantes alertas” de la Aemet y Protección Civil, mientras el presidente valenciano, Carlos Mazón, auguraba —en un tuit que ha sido borrado de su cuenta oficial— que el temporal se estaba desplazando hacia la sierra de Cuenca y sobre las seis de la tarde disminuiría su intensidad en el resto de la comunidad. Pese a ello, la Generalitat valenciana decretó el nivel 2 de emergencia en las comarcas de Utiel, Requena y La Plana a las 15 horas. Y a las 19.17 elevó toda la provincia a ese mismo nivel.

No fue, en todo caso, hasta las 20 horas cuando el Gobierno autonómico lanzó una alerta a la población en sus móviles a través del sistema Es-Alert; el mismo que el Ejecutivo madrileño empleó en septiembre de 2023 para avisar de un diluvio que nunca tuvo lugar. Aún pasaría más de media hora hasta que, a las 20.36, la Generalitat valenciana solicitó la intervención de la UME (Unidad Militar de Emergencias), según el relato que desgranó este miércoles el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres. Los militares, que estaban prealertados, enviaron casi de inmediato un equipo de reconocimiento, pero para esa hora muchas carreteras estaban ya cortadas y el acceso a las localidades más afectadas por la riada resultaba imposible. La caída de la cobertura de telefonía móvil complicó aún más su actuación.

Mazón ha intentado este miércoles trasladar al Gobierno central la responsabilidad por la demora de su Ejecutivo en alertar a la población de las lluvias torrenciales al asegurar que “las alertas que se han ido realizando desde el Cecopi [Centro de Coordinación Operativo Integrado], que es el órgano colegiado de todos, obedecen a los actos protocolizados y estandarizados […] Es un protocolo previamente establecido y que además coordina la dirección general de Protección Civil del Gobierno de España. Es el protocolo que se ha venido siguiendo en todo momento”. Fuentes de Interior han puntualizado que la decisión de no enviar las alertas a la población hasta las 20 horas, cuando numerosas torrenteras se habían desbordado y muchas localidades estaban ya inundadas, correspondió en exclusiva a la Generalitat valenciana.

A través de un comunicado, el departamento de Grande-Marlaska recuerda que “la activación de los planes territoriales de protección civil ante una emergencia de cualquier tipo y su posterior gestión es responsabilidad exclusiva de las autoridades autonómicas, que son las competentes en la materia según lo dispuesto en la legislación vigente”. En el caso de la Comunidad Valenciana, “el envío de esta alerta masiva a la población [Es-Alert] era responsabilidad de la Generalitat”.

El sistema español de protección civil prevé tres niveles de emergencia: el 1, el más bajo, se aplica cuando se producen daños “en zonas localizadas” que pueden ser controlados mediante el empleo de los medios y recursos disponibles en las mismas. En función del ámbito territorial al que afectan, se activa el plan de emergencia local, municipal o autonómico.

Decretar el nivel 2, como hizo el Gobierno del popular Mazón a primera hora de la tarde, supone reconocer que los daños causados por la emergencia “superan la capacidad de atención de los medios o recursos disponibles y que se prevé una extensión o agravación significativa de los mismos”. En ese caso, la comunidad autónoma puede solicitar “la incorporación de medios estatales” al dispositivo de emergencia, pero la dirección y coordinación de todos los recursos sigue en manos del Ejecutivo autonómico.

El martes por la noche, el Gobierno activó el Comité de Situación (Comité de Crisis) previsto por la Ley de Seguridad Nacional, que se reunió en La Moncloa bajo la presidencia de la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, al encontrarse el presidente Pedro Sánchez volando hacia España de regreso de su viaje oficial a la India.

Sin embargo, aunque se valoró la posibilidad de hacerlo, el Gobierno no quiso dar el paso de elevar al nivel 3, el máximo previsto, la emergencia provocada por la gota fría. De haberlo hecho, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, habría tomado el mando de todo el dispositivo de protección civil, asumiendo la dirección y coordinación de todos los recursos, tanto los del Estado como los autonómicos o locales. Incluso podría haber requerido medios de comunidades autónomas a las que no afecte la emergencia. Eso hubiera supuesto quitar el mando al presidente valenciano, pero también al castellano-manchego, Emiliano García-Page.

La delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé García, acompañada por el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, en rueda de prensa tras la reunión del CECOPI, este miércoles.

El nivel 3 es el previsto para las denominadas emergencias “de interés nacional”. Son aquellas que requieren la aplicación de la ley reguladora de los estados de alarma, excepción y sitio —la que se aplicó durante la pandemia de la covid, aunque no en el grado requerido para decretar el confinamiento, según sentenció el Constitucional—, lo que no ha sido el caso. Pero también puede aplicarse “cuando sea necesario prever la coordinación de administraciones diversas porque afecten a varias comunidades autónomas y exijan una aportación de recursos a nivel supraautonómico”. Unas condiciones que sí se daban con el temporal que ha asolado la zona oriental de la Península. En todo caso, nada hubiera impedido invocar la tercera definición que da la ley a las emergencias de nivel 3: “Las que, por sus dimensiones efectivas o previsibles, requieran una dirección de carácter nacional”.

La declaración de una emergencia como “de interés nacional” la realiza el ministro del Interior, por propia iniciativa o “a instancia de las comunidades autónomas o del delegado del Gobierno” de la zona afectada. El presidente Mazón no pidió la declaración del nivel 3, por lo que al Gobierno solo le quedaba la opción de hacerlo por sí mismo. Como se trata de una decisión que puede sentar mal a la autoridad que se vea despojada de sus competencias, la propia ley prevé que “cuando la declaración de emergencia de interés nacional se realice a iniciativa del Ministerio del Interior, se precisará, en todo caso, previa comunicación con la comunidad o comunidades autónomas afectadas” por medios que no retrasen su puesta en marcha.

Fuentes gubernamentales explican que “se actuó en coordinación con las comunidades autónomas” y que “nunca se entendió que no estuvieran actuando correctamente”. Además, agregan, aunque la emergencia afectaba a varias comunidades autónomas, se produjo en “zonas localizadas” de las mismas, por lo que se consideró que “no era necesario” declarar el nivel 3. Al no haberla solicitado la comunidad autónoma, había que decretarlo unilateralmente y eso era “como aplicar un [artículo] 155″ de la Constitución, arrebatándole sus competencias.

El Gobierno prefirió poner a disposición de los presidentes de las cuatro autonomías que han sufrido los efectos de la dana (Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha, Región de Murcia y Andalucía) los efectivos del Estado. Este miércoles por la mañana eran 1.116 militares de la UME, 200 del Ejército de Tierra, 750 agentes de la Guardia Civil y 100 de la Policía Nacional.