¿Qué hará su Gobernador por la región a partir de 2018?

El Gobierno ha otorgado urgencia legislativa a la Reforma Constitucional que consagra la elección de los gobernadores regionales. Cuando un 73% de los chilenos considera que esta medida es imprescindible y los cabildos regionales colocan la descentralización como uno de los tres valores que inspiran la nueva Constitución, ningún parlamentario que aspire a su reelección se opone abiertamente a la Reforma y hasta los medios de comunicación más centralistas incrementan las exigencias a la propuesta descentralizadora del Gobierno. Todos ellos desean que el nuevo Gobernador posea más competencias y atribuciones, que no esté bajo la sombra del representante del Presidente de la República en la región, y que disponga de los recursos suficientes para cumplir con su función de velar por la calidad de vida de quienes van a elegirlo. El Gobierno nacional asegura que todo esto estará disponible cuando en marzo de 2018 asuma la máxima autoridad regional, electa por la ciudadanía por primera vez en la historia de este país.

Sin embargo, no se oyen aún voces que se pregunten ¿qué es lo que hará de distinto esa autoridad que no lo podría hacer un Intendente designado? ¿dónde está el mayor aporte de este gran esfuerzo institucional que emprende Chile?

La principal respuesta radica en un concepto relativamente nuevo: la gobernanza estratégica territorial. Es decir, en el desarrollo de la capacidad para diseñar un proyecto político propio, basado en evidencia y consensuado y aprobado por la ciudadanía y que articula y direcciona la interacción entre los agentes territoriales y con el Gobierno nacional. Sin esta gobernanza territorial es imposible direccionar la sociedad regional más allá del escenario tendencial.

Hoy día esta gobernanza no existe en las regiones de Chile por el simple hecho que la principal autoridad regional, por ser designada desde el Gobierno nacional, no rinde cuentas ante la ciudadanía regional, generando una cadena de no responsabilidad territorial, la que empeora con la práctica de cambios de autoridades regionales cada 18 meses o menos. Así, es imposible que las regiones de nuestro país consigan diseñar y actuar eficazmente sobre su futuro, el que hoy experimentan como esclavos de las circunstancias. De tal forma que la designación nacional de las autoridades regionales impide o dificulta enormemente la constitución de actores empoderados, conscientes y comprometidos por construirlo colectivamente.
Complementario a ello, el modelo centralista de administración del Estado establece que el futuro de cada región se diseña desde Santiago, quién sabría perfectamente que debe hacer cada una de ellas para contribuir al desarrollo nacional. Por consiguiente no es necesario (y es hasta contraproducente) que existan masas criticas regionales que intenten cumplir con la función de pensar la región (salvo que sea un ejercicio o “volada” que no comprometa el presupuesto que el Estado destina a cada región para hacer lo que estima debe hacer).

Transformar esta cultura arraigada de la no responsabilidad regional con su destino es el enorme desafío del nuevo Gobernador Regional, quién competirá en las elecciones regionales no sólo con su prestigio personal y el apoyo de sus partidos y/o seguidores sino fundamentalmente con un Programa, con una propuesta para generar un determinado tipo de desarrollo territorial y, con ello, mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos. A partir de ello se podrá construir una Estrategia Regional de Desarrollo, que no es un libro que se elabora cada década, sino una institucionalidad permanente vinculante de los recursos públicos y direccionador de los privados. Estrategia sin la cual las palabras “focalización” o “vocaciones” regionales son mera retórica.

Sin embargo, el imprescindible y encomiable esfuerzo legislativo no será suficiente para que, en marzo de 2018, cuando, por primera vez, la autoridad regional electa por la ciudadanía requiera implementar propuestas serias para direccionar el futuro regional, cuente efectivamente en su territorio con la institucionalidad y el capital humano avanzado para emprender este ineludible desafío. Por cierto, existe un importante potencial en el sistema universitario regional para ponerse al día. Pero ello exige que, desde ya, las autoridades regionales y especialmente los Consejeros Regionales entiendan que disponer de opinión regional basada en evidencias y conocimiento sistemático y profundo de las preferencias ciudadanas no restringe su función de representación ciudadana sino que es un instrumento para potenciarlo. Por otro lado, el Gobierno nacional debe asimilar que la transferencia de competencias y de recursos, tan necesaria para acompañar la elección del Gobernador Regional, depende esencialmente de disponer de una institucionalidad estratégica permanente que va entregando análisis e información para la toma de decisiones de los agentes de la gobernanza territorial en los cambiantes escenarios regionales, de manera de mejorar la interacción y articulación de políticas y acciones con diversos interlocutores, comenzando por el Gobierno nacional.

De tal forma que los centros de pensamiento estratégico territorial (Local Think Tank) son urgentes e indispensables de diseñar, construir y poner en marcha desde cada región. Hacerlo “desde abajo” otorga la gran libertad para definir una institucionalidad propia ajustada a las necesidades, capacidades y desafíos existentes en cada territorio. Pero, por sobre todo, representa también una potente señal de autonomía y compromiso desde las regiones con el proceso descentralizador, el que no puede depender sólo de la iniciativa del Gobierno nacional.

Por Dr. Patricio Vergara, Vicepresidente de la Fundación Chile Descentralizado…Desarrollado.