Transferencia de competencias a Gobiernos Regionales…un menú con gusto a poco

Por Natalia Piergentili Domenech

El pasado sábado 16 de febrero fueron anunciadas las 15 competencias de cinco ministerios que serán transferidas a los Gobiernos Regionales como parte de la puesta en marcha de la Ley de Fortalecimiento a la Regionalización, y analizando algunas de las primeras reacciones sobre dichos anuncios, preocupa la autocomplacencia de éstas, expresadas en frases como “un gran primer paso” o simplemente el sobrevalorar que se dé este paso, lo que nos parece alarmante por varias razones.

La primera es que aún están pendientes los reglamentos que darán operatividad a la normativa, cuyo plazo está casi extinguido y diversos actores incumbentes han señalado la poca información y discusión con la que se han elaborado. Sin mencionar que luego de un año de Gobierno y pese a la constante demanda de parlamentarios, investigadores y líderes de opinión, el Ejecutivo aun no da luces de uno de los principales soportes del proceso de descentralización: su financiamiento¡¡¡ y que es parte del paquete de reformas legislativas que se deben analizar en el Parlamento a través de un proyecto de Ley de Financiamiento de los Gobiernos Regionales, lo que para muchos es conocido como Rentas Regionales y que es la expresión financiera de la voluntad de descentralizar.

Para nosotros el proceso de descentralización tiene como fundamento el combatir la Desigualdad Territorial, cuya máxima expresión es el centralismo, tanto en el ámbito financiero, como de diseño y ejecución de políticas públicas y nuestra respuesta a dicha condición es la Cohesión Territorial como aspiración país, donde tengamos igualdad de oportunidades de desarrollo y en el ejercicio de derechos, en territorios que puedan expresar su potencial de crecimiento y desarrollo junto a sus comunidades y ciudadanos.

Por ello, la descentralización mirada sólo como el proceso de traspaso de “algunos” programas o planes en “algunos ministerios o servicios públicos” es un avance muy pequeño y muy desesperanzador si se considera el amplio consenso que hoy existe en todas las fuerzas políticas para avanzar más rápida, eficaz y eficientemente.

El proceso descentralizador debe ir acompañado de políticas de desarrollo territorial, de políticas que aborden brechas territoriales, así como también que las políticas sectoriales sean diseñadas tomando en cuenta las diferencias y particularidades territoriales. Se trata de mejorar nuestra forma de organización institucional, para hacer las cosas de otra forma, generando un desarrollo equilibrado y mayor democracia.

Por ello ¿son los anuncios del gobierno alentadores, aunque sea “el primer paso”? Claramente NO, ya que lo que se está transfiriendo son capacidades menores, que, por ejemplo, en el caso del área Económica se traducen en: focalización temática y territorial de instrumentos, replicando modelos de la década del 90, conocidos como Inversión Regional de Acción Local, IRAL, en el caso de Transportes se entrega la determinación y priorización de subsidios del programa de apoyo al transporte regional. (Ninguno de estos dos ejemplos son acciones que, durante años, un Intendente empoderado no hubiese podido implementar). Donde sí se puede observar un poco más de avance, es en el caso del Ministerio de Vivienda, quien entrega facultades de planeamiento y ordenamiento territorial y esto se explica porque este tema se viene trabajando desde hace tiempo a través de la creación de la Comisión interministerial de ciudad, vivienda y territorio el 2015.