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Una elección de gobernadores llena de dudas
Por Ximena Soto A.
Problemas que debe despejar el gobierno
El Ejecutivo debe preparar un anteproyecto que resuelva una serie de vacíos legales e inquietudes que aún existen sobre las competencias que podrá ejercer la nueva autoridad y cuál será su real marco de acción.
1. Si hay un terremoto, ¿quién va a liderar el Comité de Emergencias?
En materia de descentralización administrativa, entre los vacíos legales a los que se enfrentará la mesa de trabajo -con técnicos que representan a las distintas colectividades políticas para plantear al Congreso un proyecto de ley cortaexiste un problema con la contienda de competencias, ya que la ley actual no considera mecanismos para la resolución de conflictos, los que pueden estar asociados a que tanto el gobierno central como el gobierno regional estimen que les corresponde ejercer una misma competencia o que ninguno considere que el ejercicio de una competencia determinada le corresponde.
Así, por ejemplo, la ley otorga facultades tanto al gobernador regional como al delegado presidencial para hacer frente a emergencias y catástrofes, pero no existe claridad sobre quién debe liderar esos procesos. ¿Quién estará a cargo de liderar el Comité de Emergencias (COE) cuando se produzca un terremoto? Eso es algo que deberá resolver el Congreso a través de una ley corta, aseguran parlamentarios de distintos sectores.
2. No hay criterios para tomar decisiones
Entre las distintas fuentes consultadas, también hay coincidencia en que existe un vacío legal en torno a la responsabilidad que recaerá sobre la nueva autoridad regional, tanto en materia financiera como política. Así, si bien la ley estipula que los gobernadores regionales serán sujetos de acusación constitucional, la normativa no contempló las causales que llevarán a ejercer esa acción, de manera que aquello debe ser resuelto en la ley corta.
Pero no solo frente a una acusación, sino en la práctica cotidiana del rol de gobernador, la legislación no establece criterios objetivos o razones fundadas para el proceso de toma de decisiones. En este punto, los expertos advierten riesgos como el que un gobernador, en el desarrollo de proyectos de inversión, beneficie a aquellas zonas más pobladas por sobre zonas con menor cantidad de habitantes, considerando que podría apelar a la búsqueda de votos que le permitan ser reelecto.
3. ¿Con qué recursos va a gobernar?
La normativa que regirá el accionar de los gobernadores le permite manejar los recursos provenientes del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR), dineros que, en opinión de distintos parlamentarios, son insuficientes para hacer frente a la realidad de cada zona del país.
Pero, además, senadores y diputados ponen énfasis en los fondos sectoriales, recursos provenientes de los distintos ministerios para proyectos determinados -como la construcción de un hospital-, y en los que, tal como está la ley, poco o nada de injerencia podrá tener el gobernador regional. Más bien, será el delegado presidencial y los distintos secretarios regionales ministeriales (seremis) quienes tendrán mayor poder de negociación con el gobierno central para la administración y ejecución de esos fondos.
Asimismo, los parlamentarios de la bancada regionalista presionan por una ley de rentas regionales que permita -dicenuna “verdadera descentralización”.
4. Traspaso de competencias: el problema de la última palabra
Respecto del traspaso de competencias, una primera etapa está en desarrollo, luego de que el Ejecutivo enviara en febrero los decretos respectivos a Contraloría. Sin embargo, una vez que las nuevas autoridades comiencen a ejercer, a solicitud de los gobiernos regionales dos instancias deberán evaluar el traspaso de nuevas competencias: la Comisión de Estudios y el Comité Interministerial. Y aunque ambas estuvieran de acuerdo en otorgar una competencia, la última palabra la tendrá el Presidente.
Por ello, desde la bancada regionalista transversal -que agrupa a senadores y diputadosplantean que se debe disminuir la discrecionalidad con que un Mandatario puede tomar esa decisión. Esto, ya que sin la existencia de criterios objetivos, en la práctica esa facultad podría significar que se favorezca a autoridades que responden al mismo signo político del Jefe de Estado por sobre gobernadores de oposición.
Así, los regionalistas proponen que, transcurridos seis meses desde la solicitud de transferencia de competencias por parte del gobierno regional, si el Presidente no da respuesta, se entenderá por aprobada.
5. ¿Un gobernador sin oficina?
De manera casi anecdótica, uno de los ejemplos citados por algunas de las fuentes consultadas para dar cuenta de las dificultades que enfrenta el proceso de descentralización dice relación con el lugar en que el gobernador regional se instalará tras la elección.
Las dependencias que actualmente ocupan las intendencias son de propiedad del Poder Ejecutivo, de manera que, cuando entre en vigencia la nueva administración, debieran ser ocupadas por el delegado presidencial. La pregunta, entonces, es ¿dónde va a estar la oficina del gobernador?
Algunas de las fuentes consultadas plantean que la respuesta podría ser abordada a través de un artículo transitorio de la ley corta que determine la forma en que serán otorgados los recursos necesarios para la compra de inmuebles o a través del traspaso por parte del Ministerio de Bienes Nacionales.